El gobierno de Donald Trump ha presentado una solicitud urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador, utilizando una ley de tiempos de guerra de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esta medida surge tras un revés en la corte federal de apelaciones de Washington, que por una votación de 2 a 1 mantuvo una orden que bloquea temporalmente estas expulsiones, argumentando que los migrantes tienen derecho a un proceso justo antes de ser deportados.
La administración Trump justifica su petición alegando que las cortes no deben interferir en delicadas negociaciones diplomáticas y que los casos deberían resolverse en Texas, donde los migrantes están detenidos, en lugar de Washington.
El juez federal James E. Boasberg, quien emitió la orden de bloqueo, también exigió el regreso de aviones con venezolanos deportados, aunque esto no se cumplió, lo que ha intensificado las tensiones entre el gobierno y el sistema judicial.
Trump invocó esta ley poco común para deportar a cientos de personas, señalando a la pandilla venezolana Tren de Aragua como una amenaza invasora, una decisión que ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos civiles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) representa a cinco venezolanos detenidos en Texas, quienes demandaron al gobierno horas después de que se anunciara la proclamación presidencial, argumentando que las deportaciones violan sus derechos.
El caso, que expira este sábado si no se extiende, podría definir el rumbo de la política migratoria de Trump y el uso de leyes antiguas en el contexto actual, mientras la Corte Suprema tiene la última palabra en este enfrentamiento legal.