La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha emitido una nueva recomendación que pone al descubierto serias irregularidades en las investigaciones de desapariciones en el estado. La Recomendación 13/25 analiza 50 quejas relacionadas con la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023, evidenciando un sistema desbordado y poco efectivo.
El organismo señala que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y otras autoridades han mostrado una actuación tardía y deficiente. Entre las fallas destacan omisiones en las investigaciones, falta de coordinación entre dependencias y retrasos en la identificación de restos humanos, lo que prolonga la angustia de las familias.
De las 52 personas desaparecidas mencionadas en las quejas, solo seis han sido localizadas, todas sin vida. Esto deja a 46 víctimas aún sin ser encontradas, lo que refleja la magnitud del problema y la incapacidad de las autoridades para dar respuestas concretas a los familiares.
La CEDHJ también apunta al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde los procesos de identificación de cuerpos son lentos y poco eficientes. En muchos casos, las familias han esperado meses o incluso años para obtener resultados, enfrentándose a un calvario burocrático.
Otro aspecto crítico es la falta de recursos humanos y materiales en las instituciones encargadas de la búsqueda. La recomendación subraya que las autoridades no cuentan con las herramientas necesarias para prevenir ni resolver estos casos, dejando a Jalisco en una situación alarmante.
La CEDHJ ha exigido a las autoridades, incluyendo la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, que inscriban a las víctimas y sus familias en el Registro Estatal de Víctimas. Esto garantizaría una atención adecuada y la reparación del daño, algo que hasta ahora ha sido insuficiente.
Además, se ha señalado la necesidad de capacitar al personal de las dependencias involucradas. La recomendación pide cursos en derechos humanos para que los funcionarios manejen los casos con mayor sensibilidad y eficacia, algo que las familias han demandado por años.
El documento también menciona violaciones a derechos fundamentales, como la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la integridad personal. Estas fallas no solo afectan a las personas desaparecidas, sino también a sus seres queridos, quienes sufren una victimización secundaria.
La situación en Jalisco sigue siendo crítica, con miles de casos sin resolver. La CEDHJ insiste en que sin una acción coordinada y recursos suficientes, el problema de las desapariciones continuará creciendo, dejando a las familias en la incertidumbre y sin justicia.
Este caso se suma a una serie de señalamientos previos de la CEDHJ, que ha documentado desde 2019 las deficiencias en la atención a las desapariciones. A pesar de las múltiples recomendaciones, los avances son mínimos, y la crisis de inseguridad en el estado no da tregua.