El Municipio de Chihuahua presume un alto cumplimiento en las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios para 2025, según información reciente. Este ejercicio, obligatorio para servidores públicos, busca garantizar transparencia en la gestión de recursos y prevenir actos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó que casi la totalidad de los funcionarios municipales presentaron su declaración de bienes, un paso que se destaca como avance en la rendición de cuentas.
Sin embargo, el proceso no está exento de cuestionamientos. Aunque el municipio asegura haber alcanzado un cumplimiento cercano al 100%, no se han proporcionado detalles sobre los casos pendientes. La falta de claridad en estos puntos genera dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas. ¿Realmente todos los funcionarios están cumpliendo o hay excepciones que no se reportan?
La capacitación impartida por la SFP a 60 enlaces administrativos buscó reforzar el proceso de declaración patrimonial. Estos enlaces, designados para orientar a las dependencias municipales, recibieron instrucción sobre cómo registrar ingresos, egresos y posibles conflictos de interés. El objetivo es que la información sea precisa y verificable, pero la ciudadanía aún espera mayor acceso a estos datos.
La declaración patrimonial no es solo un trámite burocrático. Es una herramienta clave para detectar enriquecimiento ilícito o irregularidades en la evolución patrimonial de los funcionarios. En un contexto donde la corrupción sigue siendo un problema persistente, este mecanismo debería ser un pilar de confianza entre el gobierno y los ciudadanos.
No obstante, el municipio no ha especificado cómo se vigilará que las declaraciones sean completas y veraces. Sin un sistema robusto de auditoría, el cumplimiento podría quedarse en un simple formalismo. La SFP ha enfatizado la importancia de sancionar cualquier irregularidad, pero hasta ahora no hay reportes de consecuencias para quienes incumplan.
La apertura institucional es otro aspecto que el municipio destaca. Sin embargo, la información disponible al público es limitada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo quiénes cumplen, sino también el contenido de estas declaraciones. La transparencia real implica que los datos sean accesibles y comprensibles, no solo un porcentaje de cumplimiento.
En Chihuahua, el discurso oficial celebra este logro como un paso hacia la honestidad administrativa. Pero la falta de detalles concretos y de un mecanismo claro para que la ciudadanía supervise el proceso resta credibilidad al esfuerzo. Un gobierno que presume transparencia debe respaldarlo con hechos, no solo con cifras.
El reto ahora es garantizar que este cumplimiento no sea solo un número para presumir, sino una práctica que fortalezca la confianza pública. Mientras no haya claridad total sobre los resultados y las sanciones a incumplimientos, la rendición de cuentas seguirá siendo un pendiente en el municipio.
El caso de Chihuahua refleja un esfuerzo que, aunque positivo, necesita mayor profundidad para ser verdaderamente efectivo. La ciudadanía merece no solo un gobierno que cumpla, sino uno que demuestre con hechos su compromiso contra la corrupción.
La declaración patrimonial es solo el primer paso. El verdadero desafío está en usar esta información para prevenir y castigar cualquier irregularidad. Solo así se podrá hablar de un municipio que no solo cumple, sino que transforma la gestión pública en un ejemplo de integridad.