El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para discutir temas cruciales en la relación bilateral. Durante la conversación, De la Fuente dejó en claro la postura firme de México contra el proyecto que busca imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos. Este gravamen, impulsado por el gobierno de Donald Trump, ha generado controversia por su impacto directo en millones de familias mexicanas.
Las remesas representan un pilar fundamental para la economía de México, siendo una de las principales fuentes de ingresos para el país. En 2024, México recibió más de 60 mil millones de dólares en remesas, dinero que sostiene a comunidades enteras y fortalece el consumo interno. De la Fuente destacó que gravar estos recursos no solo afecta a los migrantes mexicanos, sino que también perjudica la relación económica entre ambos países.
El canciller argumentó que los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, contribuyendo significativamente a la economía de ese país. Imponer un nuevo tributo a las remesas sería una medida injusta y discriminatoria, según la postura del gobierno mexicano. De la Fuente subrayó que México defenderá los derechos de sus connacionales con todos los recursos políticos y legales disponibles.
La conversación también abordó la próxima visita de legisladores mexicanos a Washington, D.C., programada para la próxima semana. Este grupo, encabezado por el propio De la Fuente, buscará dialogar con sus contrapartes estadounidenses para frenar la iniciativa del impuesto. La delegación incluye a senadores de diversos partidos, como Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, mostrando un frente unido contra la propuesta.
El tema de las remesas no fue el único punto en la agenda. De la Fuente y Rubio también discutieron asuntos de seguridad y migración, temas sensibles en la relación bilateral. México ha insistido en la necesidad de una cooperación mutua que respete la soberanía de ambos países, mientras que Rubio reconoció avances en el combate al tráfico de armas y la migración irregular.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la llamada marca un esfuerzo por mantener un diálogo directo y constructivo. Sin embargo, la postura mexicana es clara: cualquier medida que afecte a los migrantes y sus familias será enfrentada con determinación. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que no permitirá que se vulnere el bienestar de los mexicanos en el exterior.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Tammy Bruce, indicó que ambos países acordaron trabajar en prioridades compartidas, como la seguridad fronteriza y el desmantelamiento de cárteles. No obstante, la propuesta del impuesto a las remesas sigue siendo un punto de fricción que podría tensar aún más las relaciones bilaterales.
La presión de México ha tenido cierto impacto, ya que la propuesta original de un impuesto del 5% se redujo al 3.5% tras negociaciones. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que no aceptará ningún tipo de gravamen, argumentando que las remesas son un derecho de los migrantes y no un recurso para financiar políticas recaudatorias de Estados Unidos.
Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones en la relación México-Estados Unidos bajo la administración de Trump. Mientras México busca proteger los intereses de sus ciudadanos, el gobierno estadounidense parece decidido a avanzar con medidas que podrían afectar a millones de familias en ambos lados de la frontera. La próxima semana será clave para definir el rumbo de esta controversia.