El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma que tipifica como delito los pinchazos en el transporte público, una práctica que ha generado alarma entre los capitalinos. A partir de este sábado, quienes cometan este tipo de agresiones enfrentarán duras consecuencias legales.
La nueva legislación establece penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes, sin consentimiento, administren sustancias a través de objetos punzocortantes, inyecciones o cualquier otro medio. Estas sanciones buscan frenar los incidentes que han puesto en riesgo la seguridad de los usuarios del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte.
Los pinchazos, que han incrementado las denuncias en los últimos meses, consisten en agresiones con agujas u objetos similares que administran sustancias que alteran el estado físico o mental de las víctimas. Los reportes señalan síntomas como mareos, somnolencia y desorientación, lo que ha generado un clima de inseguridad en el transporte público.
La reforma al Código Penal capitalino, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, también contempla multas de 50 a 300 días, lo que podría traducirse en hasta 83,640 pesos, según el valor del salario mínimo en 2025. Estas sanciones se endurecen si las víctimas son menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
Aunque las autoridades han reportado 120 casos de pinchazos, solo en 65 se han confirmado punciones reales, y en pocos se han identificado sustancias tóxicas. Esto ha levantado críticas sobre la efectividad de las medidas de seguridad en el transporte público, donde miles de personas viajan diariamente.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado a 5,800 elementos para reforzar la vigilancia en el Metro, incluyendo operativos con policías encubiertos y binomios caninos. Sin embargo, la falta de detenciones en la mayoría de los casos reportados ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad.
Algunos legisladores, como los del PAN, han señalado que esta ley llega tarde, pues los casos de pinchazos han sido denunciados desde marzo. Incluso acusaron al gobierno de Morena de minimizar inicialmente el problema, lo que permitió que la situación escalara.
Por otro lado, la oposición, como Movimiento Ciudadano, votó en contra de la reforma, argumentando que un enfoque únicamente punitivo no resuelve el problema de fondo. Proponen mejorar los protocolos de seguridad y aumentar la presencia de cámaras en el transporte público.
La jefa de Gobierno ha defendido la medida, asegurando que su administración está comprometida con la protección de los usuarios. Sin embargo, la ciudadanía sigue exigiendo acciones más efectivas para prevenir estos ataques y evitar que el transporte público se convierta en un espacio de miedo.
Esta nueva ley representa un paso hacia la protección de los capitalinos, pero el desafío sigue siendo su implementación efectiva. La población espera que las autoridades no solo castiguen, sino que prevengan estos actos para devolver la confianza en el sistema de transporte.