La organización Data Cívica ha encendido las alarmas al revelar que, aunque no se registraron ataques directos contra candidatos en la elección judicial de 2025, los jueces en funciones sí fueron blanco de agresiones. Este proceso, que marcó un hito al elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, no estuvo exento de violencia, según un informe reciente que pone en entredicho la seguridad del sistema judicial mexicano.
El reporte de Data Cívica detalla que, entre el 7 de septiembre de 2024 y el 1 de junio de 2025, se documentaron 24 agresiones contra personas juzgadoras en funciones. Estas agresiones incluyeron amenazas, ataques armados e incluso asesinatos, lo que refleja un entorno de alta tensión para quienes ya forman parte del Poder Judicial. La organización señala que estos actos buscan intimidar y presionar a los jueces en un contexto donde el crimen organizado parece tener un interés directo.
A diferencia de las elecciones generales de 2024, donde se reportaron 130 agresiones contra candidatos y aspirantes, en el proceso judicial no hubo ataques registrados contra quienes buscaban un cargo. Sin embargo, la violencia contra los juzgadores en activo revela una preocupante vulnerabilidad en el sistema. Data Cívica destaca que el 80% de estas agresiones ocurrieron en entidades con alta presencia de crimen organizado, como Michoacán, Guerrero y Veracruz.
El informe subraya que los ataques no solo afectan a los jueces, sino que también generan un clima de miedo que podría comprometer la independencia judicial. En estados como Baja California y Colima, donde el crimen organizado tiene fuerte influencia, los juzgadores enfrentaron amenazas directas, lo que pone en riesgo la legitimidad de un proceso que se promocionó como un avance democrático por parte del gobierno federal.
La elección judicial, impulsada por la administración de Morena, ha sido objeto de críticas por su falta de filtros efectivos para los candidatos y por las fallas en la protección de quienes participan en el sistema. Data Cívica advierte que, sin medidas contundentes, el crimen organizado podría aprovechar este escenario para infiltrarse en el Poder Judicial, afectando la impartición de justicia en el país.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha escapado al escrutinio. A pesar de las promesas de garantizar un proceso transparente y seguro, las agresiones contra jueces en funciones muestran una alarmante falta de acción. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha presentado un plan claro para contrarrestar esta violencia, lo que genera dudas sobre la capacidad del gobierno para proteger a los actores clave en este proceso histórico.
Organizaciones como México Evalúa han señalado que la elección popular de jueces podría facilitar la captura del Poder Judicial por parte de grupos criminales. La ausencia de una estrategia robusta para garantizar la seguridad de los juzgadores en funciones agrava estas preocupaciones, dejando en evidencia las grietas de un sistema que buscaba ser un modelo de democracia.
Mientras el gobierno federal celebra la participación ciudadana en la elección judicial, los datos de Data Cívica pintan un panorama sombrío. La violencia contra los jueces en funciones no solo pone en riesgo su integridad, sino que amenaza con socavar la confianza en un proceso que, en teoría, debería fortalecer la justicia en México.
La organización hace un llamado urgente a las autoridades para que refuercen la seguridad de los juzgadores y establezcan mecanismos efectivos para prevenir la influencia del crimen organizado. Sin estas medidas, el sueño de un Poder Judicial más democrático podría convertirse en una pesadilla para el estado de derecho en el país.
La elección del 1 de junio de 2025 quedará marcada no solo por ser la primera en su tipo, sino también por los serios desafíos que enfrenta. La violencia contra los jueces en funciones es una señal de alerta que no puede ignorarse, y la respuesta del gobierno será clave para determinar si este experimento democrático realmente cumple con su propósito.