La Ciudad de México enfrenta una preocupante ola de agresiones en el transporte público. La Fiscalía General de Justicia capitalina ha confirmado que, hasta el 27 de mayo de 2025, se han registrado 120 denuncias por presuntos pinchazos en el Metro, de las cuales 65 casos presentan lesiones compatibles con punción. Este fenómeno, que ha generado temor entre los usuarios, pone en entredicho la seguridad en un sistema de transporte que millones de personas utilizan diariamente.
Los reportes comenzaron a surgir desde marzo de 2025, con víctimas que describen haber sentido un piquete repentino, seguido en algunos casos por mareos, cansancio o somnolencia. Las autoridades han identificado que la mayoría de los casos, 50, ocurrieron en el Metro, mientras que ocho se registraron en el Metrobús, seis en la vía pública y cuatro en otros transportes. Sin embargo, en 55 de las denuncias no se pudo confirmar médicamente la presencia de una punción, lo que ha generado dudas sobre la naturaleza de algunas lesiones.
En solo seis casos se detectaron sustancias como estupefacientes o medicamentos controlados, pero la Fiscalía aún no ha determinado si estas fueron administradas mediante los pinchazos. Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía, ha insistido en que no se han registrado delitos graves como secuestros o agresiones sexuales relacionados con estos incidentes. Sin embargo, en cuatro casos, las víctimas reportaron el robo de pertenencias, lo que sugiere que algunos ataques podrían estar vinculados a hurtos.
La respuesta del gobierno de Clara Brugada ha sido cuestionada por su lentitud. Aunque se ha desplegado un operativo con 5,800 policías en el Metro, incluyendo agentes encubiertos y binomios caninos, los resultados son limitados. Solo tres personas han sido detenidas, y de estas, dos fueron liberadas por falta de pruebas. En el único caso con una vinculación a proceso, se confiscó una jeringa, pero el detenido enfrenta cargos por robo agravado, no por el pinchazo en sí.
Las estaciones donde más se reportan estos incidentes incluyen Bellas Artes, Pino Suárez, Allende, Viveros y Balderas, aunque las autoridades aseguran que no hay un patrón claro de concentración. Usuarios han descrito un modus operandi alarmante: tras el pinchazo, algunas víctimas son abordadas por desconocidos que ofrecen ayuda, sugiriendo que se sienten o se bajen en cierta estación, lo que genera sospechas de intentos de manipulación.
El gobierno capitalino ha implementado un protocolo de atención que incluye traslados a hospitales y pruebas toxicológicas para las víctimas. Sin embargo, la falta de claridad sobre las sustancias utilizadas y la escasa detención de responsables han incrementado la percepción de inseguridad. Clara Brugada ha enviado una iniciativa al Congreso local para tipificar los pinchazos como delito, con penas de hasta cinco años de prisión, pero esta medida aún está en discusión.
Organizaciones como el colectivo “No es una. Somos todas” han alzado la voz, señalando que las víctimas, en su mayoría mujeres, enfrentan no solo el riesgo físico, sino también el trauma psicológico. Fernanda Torres, coordinadora del colectivo, ha destacado que muchas víctimas no perciben el pinchazo hasta que comienzan a sentirse mal, lo que complica identificar a los agresores en el momento.
La jefa de gobierno ha pedido a la ciudadanía actuar con responsabilidad y no difundir rumores, pero la falta de avances concretos en las investigaciones alimenta el miedo. La ausencia de un patrón delictivo claro y la incapacidad para identificar a los responsables mantienen a los usuarios del Metro en alerta constante.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegura que el personal del Metro está capacitado para atender estos casos, y se han habilitado líneas telefónicas y de WhatsApp para reportes. Sin embargo, la desconfianza persiste, y los capitalinos exigen medidas más efectivas para garantizar su seguridad en el transporte público.
Este escenario refleja un desafío significativo para la administración de Clara Brugada. La proliferación de pinchazos en el Metro no solo pone en riesgo la integridad de los usuarios, sino que también evidencia las carencias en la vigilancia y la respuesta institucional ante un problema que, lejos de resolverse, parece ir en aumento.