Una magistrada federal, Luz Elba de la Torre Orozco, quien busca reelegirse en el cargo, tiene en sus manos la decisión sobre la liberación de dos presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, vinculados a la fosa clandestina más grande descubierta en Guanajuato. La narcofosa, localizada en Salvatierra en 2020, contenía los restos de 80 personas, un hallazgo que estremeció a la región por su magnitud y brutalidad.
El caso ha generado indignación entre familiares de las víctimas, quienes temen que la candidatura de la magistrada pueda influir en su fallo. La resolución que se espera determinará si se revoca la liberación de los dos sospechosos, quienes fueron puestos en libertad por un tribunal local, una decisión que ha sido cuestionada por colectivos y organizaciones de búsqueda de desaparecidos.
La fosa de Salvatierra, descubierta en el predio Rancho Nuevo del barrio de San Juan, es un símbolo de la crisis de violencia que azota a Guanajuato. En este estado, el Cártel de Santa Rosa de Lima ha sido señalado por su papel en el aumento de desapariciones y homicidios, lo que ha colocado a la región como una de las más violentas del país.
Familiares de las víctimas han expresado su frustración por la falta de justicia en este caso. La liberación de los presuntos responsables ha sido vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad, especialmente en un contexto donde las fosas clandestinas se han convertido en una dolorosa constante en México.
La magistrada, que participa en el proceso electoral para renovar su cargo en el Poder Judicial, enfrenta críticas por un posible conflicto de intereses. Organizaciones civiles han señalado que su campaña podría comprometer la imparcialidad de su decisión, lo que aumenta la desconfianza en el sistema judicial.
Guanajuato ha sido escenario de múltiples hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años, muchos de ellos impulsados por colectivos de búsqueda como Hasta Encontrarte. Estos grupos, formados principalmente por madres y familiares de desaparecidos, han asumido la tarea de localizar a sus seres queridos ante la inacción de las autoridades.
La violencia en el estado no da tregua, y la narcofosa de Salvatierra es solo una muestra de la magnitud del problema. En 2024, se reportaron al menos 21 cuerpos extraídos de otra fosa en Abasolo, lo que evidencia que el fenómeno de las inhumaciones clandestinas sigue siendo una herida abierta.
La decisión de la magistrada no solo impactará a las familias afectadas, sino que también será un reflejo del estado actual del sistema judicial en México. La presión social y la atención mediática están puestas en este caso, que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar justicia en un país marcado por la impunidad.
El hallazgo de la fosa en Salvatierra también ha motivado iniciativas para honrar a las víctimas. En abril de 2025, se anunció que el arquitecto Sergio Beltrán García diseñará un memorial en el predio donde se encontraron los cuerpos, un esfuerzo por mantener viva la memoria de los desaparecidos y exigir justicia.
Mientras tanto, la incertidumbre reina entre quienes buscan respuestas. La resolución de la magistrada será crucial para determinar si los responsables de uno de los episodios más oscuros de Guanajuato enfrentarán las consecuencias o si, una vez más, la justicia quedará en entredicho.