La presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado un nuevo llamado desde Chihuahua para que millones de mexicanos participen en la elección judicial del próximo 1 de junio, un proceso que está generando fuertes críticas y cuestionamientos. En un evento en Guadalupe y Calvo, la mandataria insistió en que este ejercicio fortalecerá la democracia, pero sus palabras han avivado el debate sobre la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Sheinbaum destacó que, por primera vez en la historia de México, los ciudadanos podrán votar en casillas similares a las de elecciones presidenciales para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Según la presidenta, esta elección busca garantizar que el Poder Judicial esté “cerca del pueblo” y combata la corrupción. Sin embargo, no explicó cómo se evitarán influencias externas en un proceso tan delicado.
La elección del 1 de junio involucrará a 99.7 millones de votantes, quienes elegirán 881 cargos entre 3,422 candidatos. Entre los puestos a renovar están los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el 30 de marzo y culminarán el 28 de mayo, pero ya han surgido alertas sobre posibles irregularidades.
Organismos internacionales, como la ONU, junto con la oposición, jueces actuales y asociaciones civiles, han expresado preocupación por la posible intervención del gobierno y hasta del crimen organizado en los comicios. Estas críticas señalan que la reforma podría politizar la justicia, comprometiendo su independencia y neutralidad.
Sheinbaum, fiel a la narrativa de la Cuarta Transformación, aseguró que el Poder Judicial ha servido históricamente a los intereses de los poderosos, dejando desprotegidos a los más pobres. Según ella, esta elección es una oportunidad para que el pueblo decida quiénes impartirán justicia, pero no mencionó medidas concretas para garantizar la transparencia del proceso.
El expresidente Ernesto Zedillo ha sido uno de los críticos más duros de esta reforma, calificándola como una “farsa” y un “engaño” al pueblo mexicano. En respuesta, Sheinbaum lo acusó de carecer de credibilidad y recordó controversias de su gobierno, como el Fobaproa, desviando la atención de los argumentos en contra de la elección judicial.
Otro punto de controversia es el presupuesto. El Instituto Nacional Electoral aprobó más de 13 mil millones de pesos para organizar los comicios, una cifra que Sheinbaum ha cuestionado duramente, argumentando que debería ser menor al no haber financiamiento para partidos políticos. La presidenta ha pedido al INE revisar estos costos, pero no ha aclarado cómo se financiará un proceso de tal magnitud.
La aparición de “acordeones” con listas de candidatos presuntamente apoyados por Morena ha encendido las alarmas. Sheinbaum pidió al INE y al Tribunal Electoral intervenir, pero al mismo tiempo defendió la libertad de voto, lo que ha generado confusión sobre su postura frente a estas irregularidades.
Mientras la fecha se acerca, el proceso sigue polarizando a la sociedad. Para algunos, es un paso hacia una justicia más democrática; para otros, es un intento del gobierno por controlar otro poder del Estado. La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta elección histórica sigue creciendo.
Lo que está claro es que el 1 de junio marcará un antes y un después en el sistema judicial mexicano. La pregunta es si realmente será un avance hacia la justicia o un paso hacia la consolidación del poder de la Cuarta Transformación.