La impunidad es el sello de este delito en el estado. Aunque se han decomisado miles de litros de combustible robado, las denuncias formales brillan por su ausencia. Los reportes indican que la mayoría de las investigaciones no avanzan, dejando a los responsables libres y al problema en aumento. Municipios como Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanejo son los más afectados, con ordeñas que no solo representan pérdidas millonarias, sino también riesgos para la población.
Un caso reciente en Tonalá ilustra la gravedad del problema. Una fuga de gasolina provocada por una toma clandestina obligó a evacuar a más de 2,100 personas. Las pérdidas superaron los 110 millones de pesos, y aunque el incidente fue controlado, la falta de acción preventiva sigue siendo evidente. Los ductos de Pemex, especialmente el Salamanca-Puente Grande, son blanco constante de los huachicoleros.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es señalado como uno de los principales actores detrás de este negocio ilícito. Su presencia en la región complica aún más la situación, ya que la violencia asociada a estas actividades criminales mantiene a las comunidades en zozobra. Las autoridades locales y federales parecen incapaces de coordinarse para poner un alto definitivo a estas mafias.
En 2023, las tomas clandestinas en Jalisco se dispararon un 305% en comparación con el año anterior. Este aumento pone en evidencia el fracaso de las estrategias implementadas por el gobierno federal para combatir el huachicoleo. A pesar de los operativos militares y la vigilancia de la Guardia Nacional, los ductos siguen siendo vulnerables, y los ciudadanos pagan las consecuencias.
La falta de denuncias es un obstáculo crítico. Vecinos y comunidades cercanas a los ductos temen represalias, lo que reduce la cooperación con las autoridades. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un rezago en las investigaciones, con recursos limitados para procesar la gran cantidad de casos. Esto crea un círculo vicioso donde el crimen prospera sin consecuencias.
Los decomisos, aunque frecuentes, no parecen disuadir a los delincuentes. En Lagos de Moreno, por ejemplo, se confiscaron dos tractocamiones con 63 mil litros de combustible ilícito cada uno. Sin embargo, sin detenciones significativas ni procesos judiciales efectivos, estos esfuerzos se quedan cortos. La ausencia de una estrategia integral agrava el problema.
El impacto del huachicol va más allá de lo económico. Las fugas de combustible representan un peligro constante para el medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Incidentes como el de Chulavista en 2013, donde una fuga obligó a evacuar un fraccionamiento, son un recordatorio de los riesgos que enfrentan los jaliscienses.
Mientras tanto, las autoridades estatales y municipales parecen desbordadas. La falta de coordinación con el gobierno federal y la escasez de recursos para investigar y sancionar a los responsables perpetúan la crisis. Los ciudadanos exigen soluciones reales, pero la respuesta sigue siendo insuficiente.
El panorama en Jalisco es alarmante: el huachicol no solo persiste, sino que crece sin freno. La impunidad, la falta de denuncias y la incapacidad de las autoridades para actuar de manera efectiva mantienen a este delito como una amenaza constante para la seguridad y el bienestar de la población.