La Corte Suprema de Brasil ha decidido investigar las actividades del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus acciones en Estados Unidos. Según información reciente, el legislador busca influir en el gobierno de Donald Trump para imponer sanciones a autoridades brasileñas, un movimiento que ha generado controversia en su país.
La investigación fue solicitada por la Fiscalía General de Brasil y aceptada por el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso. El caso ha sido asignado al magistrado Alexandre de Moraes, quien es, curiosamente, el principal objetivo de las gestiones de Eduardo Bolsonaro en territorio estadounidense.
Desde marzo, Eduardo Bolsonaro, quien se licenció de su escaño como diputado, ha estado en Estados Unidos. Su objetivo declarado es buscar “justicia” para su padre y otros líderes de la extrema derecha brasileña, quienes enfrentan procesos judiciales por presuntas conspiraciones golpistas.
El hijo del expresidente ha utilizado sus conexiones con la ultraderecha estadounidense para promover su causa. En redes sociales, ha compartido imágenes junto a legisladores republicanos que han calificado a Brasil como una “dictadura” y han expresado su apoyo a posibles sanciones contra autoridades judiciales brasileñas.
Un ejemplo reciente de estas gestiones ocurrió durante una comparecencia del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ante el Parlamento. El diputado republicano Cory Mills preguntó si el gobierno de Trump consideraría sanciones contra el juez Alexandre de Moraes por supuestas violaciones a los derechos humanos. Rubio respondió que “hay una gran posibilidad”, una declaración que Bolsonaro amplificó en sus redes.
La Fiscalía brasileña ha señalado que las acciones de Eduardo Bolsonaro tienen un “tono intimidatorio” contra funcionarios públicos, investigadores y jueces involucrados en el caso de golpismo contra Jair Bolsonaro. Según el documento oficial, estas maniobras buscan interferir en los procesos judiciales en curso.
Jair Bolsonaro y varios de sus colaboradores enfrentan cargos por presuntas conspiraciones para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en octubre de 2022. Estas acusaciones están relacionadas con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro atacaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia en Brasilia.
Aquel episodio, conocido como un intento de golpe de Estado, buscaba incitar una intervención militar para derrocar al gobierno de Lula, apenas una semana después de su investidura. La investigación ahora apunta a determinar si las acciones de Eduardo Bolsonaro en el extranjero forman parte de un esfuerzo por obstaculizar la justicia brasileña.
El caso ha generado un intenso debate en Brasil sobre los límites de la libertad de expresión y las responsabilidades de los políticos en el escenario internacional. Mientras tanto, Eduardo Bolsonaro sigue en Estados Unidos, donde continúa sus esfuerzos por influir en la política exterior a favor de su padre.