La presidenta Claudia Sheinbaum desató polémica al negar que en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, como denuncian colectivos de desaparecidos y organismos de derechos humanos. En su conferencia matutina, afirmó que tales delitos “ya no existen” en el país, atribuyendo lo ocurrido a la delincuencia organizada.
Con un tono que minimiza la gravedad, Sheinbaum insistió en que su gobierno no “construirá verdades” y que los crímenes de lesa humanidad eran cosa del pasado, ligados al Estado. Sin embargo, esta declaración choca con las evidencias de horror encontradas en el predio, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se hallaron restos humanos y cientos de pertenencias de posibles víctimas.
La respuesta de la mandataria ha encendido las alarmas entre familias de desaparecidos y activistas, quienes ven en sus palabras un intento de encubrir la crisis de violencia que azota a México. El rancho, investigado por la Fiscalía General de la República, expone una realidad que el gobierno federal parece querer ignorar.
Mientras Sheinbaum promete pacificación, la delincuencia organizada sigue operando con impunidad, dejando un saldo de más de 120 mil personas no localizadas. La contradicción entre sus dichos y los hechos pone en duda el compromiso de la 4T con la justicia y la verdad.
La presión crece para que la presidenta enfrente esta emergencia nacional, pero su postura evasiva solo alimenta las críticas. ¿Hasta cuándo se negará lo innegable? El caso Teuchitlán podría convertirse en una prueba de fuego para su administración.