A pocos días de la elección judicial federal del 1 de junio, se destapa una operación orquestada por Servidores de la Nación, quienes aprovechan su labor en programas sociales para influir en el voto. Estas personas, encargadas de inscribir a ciudadanos en apoyos gubernamentales, han sido señaladas por repartir “acordeones”, listas con nombres de candidatos a jueces y magistrados que favorecen los intereses del gobierno federal.
En Nuevo León, el escándalo toma fuerza. Funcionarios del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, han recibido materiales como acordeones y boletas para “entrenar” a empleados públicos en cómo votar. Estas prácticas, denunciadas por medios locales, incluyen reuniones donde se presiona a los trabajadores para apoyar a los candidatos promovidos por el Ejecutivo local y la 4T.
En la Ciudad de México, la situación no es distinta. Fuentes cercanas a Morena han admitido que el Instituto de Formación Política de este partido impulsa a ciertos candidatos, entregando listas similares para orientar el voto. La estrategia busca asegurar que los elegidos para el Poder Judicial sean afines a los intereses del gobierno federal y del partido en el poder.
El caso de Nuevo León revela un cambio en el modus operandi. Tras ser evidenciadas estas prácticas en oficinas públicas, las reuniones de “capacitación” se trasladaron a casas particulares. En una de estas, en la colonia Mitras Norte, se confirmó la presencia de altos funcionarios, como el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, quien participó en estas sesiones de adoctrinamiento.
Los empleados estatales, atrapados en esta dinámica, denuncian presiones y amenazas. Algunos han expresado temor por posibles despidos si no siguen las indicaciones de los “acordeones”. En una reunión infiltrada por periodistas, se reveló que los organizadores advierten a los trabajadores que revisarán el sentido de su voto, generando un ambiente de intimidación.
La práctica de los “acordeones” no es nueva en Morena. Desde 2022, durante la elección de su Congreso Nacional, se documentó el uso de estas listas para guiar a los votantes. Ahora, esta táctica se replica en un proceso tan delicado como la elección de jueces y magistrados, poniendo en entredicho la transparencia del proceso.
En este contexto, los nombres que predominan en los acordeones son figuras cercanas al gobierno federal. Entre ellos destacan Ariadna Camacho Contreras, asesora en Pemex y actual funcionaria en la Secretaría de Turismo, y Celia Maya, excandidata de Morena en Querétaro. En el caso de los hombres, Rufino León Tovar, magistrado desde la administración de López Obrador, aparece recurrentemente.
Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, los nombres de Gilberto Batiz García, presidente del Tribunal Electoral de Chiapas, y María del Rosario Balderas, secretaria en el Tribunal Electoral federal, figuran en las listas. Estas selecciones evidencian una clara intención de alinear al Poder Judicial con los intereses de la 4T.
El impacto de estas acciones genera preocupación entre los trabajadores. Algunos recuerdan casos previos, como el de las “broncofirmas”, donde se ejercieron prácticas similares de coerción. La sensación de estar “entre la espada y la pared” es recurrente entre los empleados públicos, quienes temen represalias laborales o incluso legales.
A una semana de la elección judicial, estas revelaciones cuestionan la legitimidad del proceso. La intervención de funcionarios y la distribución de “acordeones” reflejan un intento por controlar un poder que debería ser independiente, dejando en el aire la pregunta: ¿hasta dónde llegará esta manipulación electoral?