México vive un momento sin precedentes con el proceso electoral judicial, un experimento único que busca renovar el Poder Judicial, pero que está lejos de ser un camino tranquilo. Este proceso, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena, ha desatado controversias y tensiones que sacuden el panorama político.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un golpe al Instituto Nacional Electoral (INE) al anular su acuerdo que buscaba monopolizar la promoción del voto. Este acuerdo, que limitaba la participación de medios y actores externos, fue derribado por el TEPJF el pasado 9 de abril, desatando un torbellino de críticas y debates.
La decisión del tribunal no fue unánime. Magistrados como Reyes Rodríguez y Janine Otálora defendieron la exclusividad del INE, argumentando que las normas constitucionales deben garantizar equidad e imparcialidad. Sin embargo, la mayoría del TEPJF consideró que el INE no puede ser el único en promover la participación ciudadana, abriendo la puerta a una contienda más plural, pero también más caótica.
El proceso electoral judicial, que culminará el próximo 1 de junio, enfrenta retos enormes. La falta de claridad en las reglas y la novedad de este ejercicio han generado incertidumbre. Las leyes electorales, diseñadas para contiendas entre partidos, no encajan del todo en este escenario, lo que ha llevado a ajustes sobre la marcha que preocupan a muchos.
La oposición no se ha quedado callada. Voces como la de Lorenzo Córdova, exconsejero del INE, han llamado a boicotear el proceso, argumentando que podría ser el fin de la democracia mexicana. En Aguascalientes, Córdova instó a la abstención para deslegitimar las elecciones, una postura que ha sido duramente criticada por quienes ven en este proceso una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana.
Por su parte, Mónica Soto, presidenta del TEPJF, ironizó sobre la secrecía que algunos pretenden imponer al proceso. “Va a haber elecciones, pero no se lo digan a nadie”, señaló, destacando la necesidad de transparencia y participación. Sus palabras reflejan la tensión entre quienes buscan controlar el proceso y quienes exigen apertura.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta un desafío monumental. La legitimidad de este proceso depende de la participación ciudadana, pero las críticas y la polarización amenazan con minar la confianza. Más de 160 impugnaciones al acuerdo original del INE muestran el nivel de resistencia que enfrenta esta reforma.
Mientras tanto, los medios públicos han recibido luz verde para promover la participación, siempre que no caigan en proselitismo. Esto abre la posibilidad de análisis y foros plurales, pero también plantea el riesgo de mensajes sesgados en un contexto ya de por sí polarizado.
La calidad de la democracia mexicana está en juego. Este proceso, aunque lleno de tropiezos, es una oportunidad para redefinir el rumbo del Poder Judicial. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos, desde la falta de consenso hasta las acusaciones de manipulación.
México observa con atención este experimento electoral. La historia está en marcha, pero su desenlace sigue siendo incierto. Lo único claro es que este proceso marcará un antes y un después en la vida política del país.