En un nuevo episodio que sacude a la comunidad de Parral, Chihuahua, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia realizó un cateo en una vivienda en la ciudad de Jiménez, relacionado con el feminicidio de la maestra Lucero Z. El crimen, ocurrido el pasado 20 de mayo, ha desatado indignación por la aparente inacción de las autoridades para proteger a la víctima, quien días antes había denunciado a su expareja por violencia.
La maestra Lucero Z., docente de la Normal Miguel Hidalgo, fue encontrada sin vida en su domicilio en la calle Venezuela, con visibles huellas de violencia. Según información oficial, la investigación apunta a su expareja, Gustavo Ch., un maestro de primaria en Jiménez, como el principal sospechoso. Este sujeto, según reportes, no ha sido localizado desde el día del crimen, lo que intensifica las críticas hacia la Fiscalía por su manejo del caso.
La titular de la Fiscalía Especializada, Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que se cuenta con una orden de aprehensión contra el presunto responsable. Sin embargo, la falta de medidas cautelares tras la denuncia inicial de Lucero, quien reportó un intento de su expareja por quemarla, ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las autoridades para prevenir este tipo de tragedias.
El cateo realizado el viernes 23 de mayo en Jiménez buscó indicios que fortalezcan la carpeta de investigación. Aunque no se han revelado detalles específicos para no entorpecer el proceso, las autoridades aseguraron que los avances son significativos. La vivienda cateada pertenece al entorno del sospechoso, lo que refuerza la línea de investigación que lo señala como autor intelectual del feminicidio.
La indignación por el caso ha crecido en la comunidad. El colectivo feminista Atenea, con base en Parral, emitió un comunicado exigiendo justicia y una investigación con perspectiva de género. Además, señaló omisiones por parte de la Fiscalía Especializada en Mujeres, afirmando que la tragedia pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas de protección adecuadas tras la denuncia inicial de la víctima.
El caso también llegó a la tribuna estatal, donde legisladores han criticado la clasificación inicial de la denuncia como violencia familiar en lugar de tentativa de feminicidio. Esta omisión permitió que el agresor continuara en libertad tras la audiencia inicial, lo que derivó en el fatal desenlace apenas cuatro días después. Actualmente, se analiza una iniciativa para reformar la forma en que se investigan estos casos y garantizar mayor protección a las víctimas.
La Normal Miguel Hidalgo, donde laboraba Lucero, expresó su profundo pesar por el crimen y pidió a la comunidad evitar rumores que puedan revictimizar a la familia o entorpecer las investigaciones. En un homenaje póstumo, estudiantes y colegas despidieron a la maestra, recordándola como una profesional dedicada y querida por su comunidad.
La violencia contra las mujeres en Chihuahua sigue siendo un problema alarmante. El feminicidio de Lucero Z. se suma a una serie de casos que reflejan la urgencia de políticas efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género. La sociedad exige respuestas claras y acciones concretas para evitar que estas tragedias se repitan.
Mientras las autoridades continúan la búsqueda del sospechoso, la familia de Lucero y la comunidad de Parral esperan justicia. La Fiscalía ha prometido que no habrá impunidad en este caso, pero las críticas persisten ante un sistema que, según muchos, falló en proteger a una mujer que pidió ayuda a tiempo.
Este caso pone en evidencia, una vez más, los retos que enfrenta el estado para garantizar la seguridad de las mujeres. La presión social y las demandas de colectivos feministas buscan que el feminicidio de Lucero no quede como un número más en las estadísticas, sino que marque un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género.