En un señalamiento que sacude a Morelos, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, denunció que funcionarios públicos saben que deben pedir permiso a los líderes del narcotráfico para operar en ciertas regiones. Estas declaraciones, hechas durante la homilía del domingo en la catedral de Cuernavaca, exponen la grave infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder local.
Castro y Castro, conocido por su postura crítica frente a la inseguridad, aseguró que la relación entre autoridades y narcotraficantes es un secreto a voces. Según el obispo, los funcionarios son conscientes de que ciertas decisiones requieren el aval de los capos, lo que evidencia la pérdida de control del Estado en varias zonas de Morelos.
El obispo no se limitó a señalar a las autoridades locales. También apuntó al gobierno federal, criticando la estrategia de seguridad de la administración de Morena. Para Castro, la política de “abrazos, no balazos” ha fracasado rotundamente, permitiendo que los cárteles ganen terreno y poder en el país.
Morelos, un estado golpeado por la violencia, vive bajo la sombra de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana. La captura reciente de Omar “N”, presunto líder de La Familia en la región, es solo un ejemplo de la lucha constante contra el crimen organizado, pero para el obispo, estos esfuerzos son insuficientes.
Castro también hizo un llamado a la sociedad a no normalizar esta situación. Durante su mensaje, instó a los ciudadanos a exigir transparencia y justicia, recordando que la complicidad entre funcionarios y delincuentes afecta directamente la seguridad de las comunidades.
El obispo de Cuernavaca ha sido una figura polémica por sus críticas al gobierno. En el pasado, ha cuestionado desde los libros de texto gratuitos hasta la detención del fiscal Uriel Carmona, siempre manteniendo un discurso centrado en la defensa de la justicia y la verdad.
Estas declaraciones llegan en un momento crítico para Morelos, donde la violencia no da tregua. El asesinato de dos policías y una menor en Jiutepec, en enero de este año, es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en el estado, donde las autoridades parecen desbordadas.
El mensaje del obispo resuena como un grito de alerta ante una realidad que muchos prefieren ignorar. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades locales y federales responderán a estas acusaciones o si, como en otras ocasiones, optarán por el silencio.