En un giro que sacude la confianza en la justicia mexicana, Silvia Rocío Delgado García, quien defendió al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, busca convertirse en jueza penal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su candidatura forma parte de las primeras elecciones judiciales en México, programadas para el 1 de junio, un proceso que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y la integridad del sistema judicial.
No solo Delgado está en el centro de la controversia. Leopoldo Chávez, condenado en Estados Unidos por contrabando de más de cuatro kilogramos de metanfetaminas, aparece en la boleta para juez federal en Durango. Chávez, quien pasó casi seis años en prisión, asegura en redes sociales que no oculta su pasado y que ha cumplido su condena, pero su postulación ha generado alarma entre expertos y ciudadanos.
La organización Defensorxs, dedicada a la defensa de derechos humanos, ha identificado al menos 20 candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos con cárteles. Entre ellos, destaca Delgado, quien representó a “El Chapo” entre 2016 y 2017, denunciando supuestos abusos en el penal donde estaba recluido. La falta de una revisión exhaustiva de antecedentes ha puesto en jaque la credibilidad del proceso.
El Observatorio Electoral Judicial, conformado por organizaciones civiles, ha señalado que más de 130 candidatos podrían ganar sin oposición debido al diseño confuso de las boletas, que incluyen cientos de nombres. Esta situación, sumada a la premura con la que se aprobó la reforma judicial en septiembre de 2024, ha sido criticada como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.
En Chihuahua, Delgado, de 51 años, ha defendido su candidatura, argumentando que su trabajo como abogada de “El Chapo” fue parte de sus obligaciones profesionales. En campaña, se presenta como una madre soltera que estudió derecho y busca transformar la justicia, pero no menciona su pasado ligado al exlíder del Cártel de Sinaloa en su perfil oficial.
Por su parte, Leopoldo Chávez, desde Durango, ha utilizado las redes para justificar su candidatura, insistiendo en que su condena en Estados Unidos no debería descalificarlo. Sin embargo, su historial en el Triángulo Dorado, una región dominada por cárteles, ha encendido las alertas sobre el riesgo de infiltración criminal en el sistema judicial.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno federal, ha sido cuestionada no solo en México. El exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, la calificó como una amenaza a la democracia. La falta de filtros rigurosos para los candidatos y la premura en el proceso electoral han alimentado las críticas de asociaciones de magistrados como Jufed, que ven en estas candidaturas un peligro para la justicia.
En otros estados, como Jalisco y Nuevo León, también han surgido candidatos con señalamientos. Francisco Hernández, postulado a magistrado penal, fue destituido previamente por acusaciones de abuso sexual y corrupción. En Nuevo León, Fernando Escamilla, quien asesoró a abogados de Los Zetas, defiende que su experiencia en extradiciones lo hace apto para ser juez.
A días de la votación, la incertidumbre crece. Las autoridades electorales han indicado que cualquier candidato electo con antecedentes podría ser destituido tras los comicios, pero la falta de acción previa ha generado escepticismo. Organizaciones civiles y legisladores advierten que este proceso podría debilitar el estado de derecho en México.
La elección de jueces por voto popular, un experimento sin precedentes, está bajo el escrutinio público. Con candidatos como Delgado y Chávez en la boleta, el futuro de la justicia mexicana enfrenta un desafío que podría tener consecuencias profundas para la confianza en las instituciones.