La elección extraordinaria del Poder Judicial 2025 en México está dando de qué hablar. A pocos días de la jornada electoral del 1 de junio, las controversias sobre los candidatos a jueces y magistrados no paran. En Chihuahua, las acusaciones contra algunos aspirantes han encendido las alarmas, poniendo en duda la integridad del proceso que busca renovar el sistema judicial.
Uno de los nombres que resuena en el ojo del huracán es Gerardo Ontiveros, juez de lo familiar que aspira a un cargo en esta elección. Según denuncias, Ontiveros enfrenta señalamientos por uso indebido de información institucional para fines personales. Las críticas no terminan ahí: también se le acusa de falta de ética y profesionalismo, además de tener antecedentes por conflictos familiares.
Otro caso que ha levantado polvo es el de Roberto Alcoverde, conocido en algunos círculos como “Narcoverde” o “Valeverde”. Este juez de distrito, que busca convertirse en magistrado de circuito, está bajo fuego por presuntamente absolver a imputados ligados al crimen organizado. Las acusaciones sugieren que no cumple con los requisitos para un cargo de tal relevancia, lo que genera desconfianza en el proceso.
El proceso electoral, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), busca llenar cargos clave en el Poder Judicial, incluyendo nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y cientos de jueces de distrito. Sin embargo, las irregularidades en la selección de candidatos han desatado críticas sobre la transparencia y la calidad de los aspirantes.
En Chihuahua, el Congreso del Estado aprobó recientemente el listado definitivo de candidatos propuestos por el Poder Legislativo. Este listado, junto con las propuestas del Ejecutivo y el Judicial, fue enviado al Instituto Estatal Electoral para su revisión. Sin embargo, las denuncias contra figuras como Ontiveros y Alcoverde han puesto en entredicho la labor del Comité de Evaluación, encargado de verificar la idoneidad de los aspirantes.
La elección judicial de 2025 es histórica, pues es la primera vez que México elige a sus jueces y magistrados por voto popular. La promesa era fortalecer la justicia con perfiles éticos y capacitados, pero las acusaciones de favoritismo y falta de profesionalismo amenazan con empañar este objetivo.
El contexto no ayuda. Mientras México enfrenta una creciente presión internacional por el combate al crimen organizado, las sospechas sobre jueces ligados a actividades ilícitas son un golpe duro. En redes sociales, los ciudadanos han expresado su preocupación, exigiendo que los candidatos sean investigados a fondo antes de llegar a las urnas.
A nivel nacional, el proceso también ha enfrentado impugnaciones legales. Ciudadanos y candidatos han presentado demandas contra los lineamientos del INE, argumentando fallos en la fiscalización y la selección de aspirantes. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha desechado algunas de estas demandas, pero el descontento persiste.
Con la fecha de la elección acercándose, la atención está puesta en si este proceso realmente logrará renovar la confianza en el Poder Judicial. Las acusaciones contra candidatos como Ontiveros y Alcoverde no solo afectan su imagen, sino que cuestionan la capacidad del sistema para garantizar justicia en un momento crítico para el país.
La elección del 1 de junio será un termómetro para medir la credibilidad de esta reforma judicial impulsada por el gobierno. Por ahora, los reflectores están sobre las urnas más polémicas de 2025, donde el futuro de la justicia mexicana está en juego.