Un juez federal de Estados Unidos ha emitido un fallo contundente contra la administración de Donald Trump, ordenando el regreso inmediato de un migrante guatemalteco identificado como O.C.G., quien fue expulsado a México a pesar de contar con protección humanitaria. La decisión, tomada por el magistrado Brian Murphy del Distrito de Massachusetts, pone en evidencia un grave error del gobierno estadounidense.
O.C.G., cuya identidad se mantiene bajo iniciales en la demanda, es parte de un grupo de cuatro migrantes que cuestionan su deportación en una demanda colectiva. Este guatemalteco había recibido en febrero una orden judicial que impedía su expulsión, al considerar que su vida corría peligro tanto en Guatemala como en México debido a su orientación sexual.
El juez Murphy señaló que el gobierno cometió un error al deportar a O.C.G., ignorando las protecciones legales que lo amparaban. Según los documentos judiciales, el migrante afirmó haber sido víctima de violaciones en México, lo que refuerza su temor a ser perseguido o torturado si permanece fuera de Estados Unidos.
La orden judicial exige a la administración Trump tomar medidas inmediatas para coordinarse con los abogados de los demandantes y facilitar el retorno de O.C.G. a territorio estadounidense. Este caso no es aislado, ya que el juez Murphy ha enfrentado previamente a la administración por violaciones similares.
En abril, el mismo magistrado había ordenado bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo a dos cubanos y un mexicano, hacia Sudán del Sur. Sin embargo, el gobierno permitió el despegue de un avión con estas personas, quienes ahora se encuentran bajo custodia en Yibuti, según las autoridades estadounidenses.
Otro caso similar involucra al salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a El Salvador pese a contar con una orden que bloqueaba su expulsión. La administración reconoció este hecho como un “error administrativo”, pero argumentó que no puede facilitar su regreso porque está bajo custodia de otro gobierno.
Asimismo, un tribunal determinó que la deportación de un venezolano, Daniel Lozano Camargo, a El Salvador violó una decisión judicial que protegía a migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores. En este caso, el gobierno utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de la Segunda Guerra Mundial, para justificar la expulsión.
La administración Trump ha defendido estas deportaciones alegando que los migrantes representan amenazas a la seguridad nacional, vinculándolos a pandillas como el Tren de Aragua. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado estas acciones como violaciones a los derechos humanos.
El caso de O.C.G. pone de manifiesto las tensiones entre el poder judicial y la administración Trump en materia migratoria. Los tribunales han cuestionado repetidamente las políticas de deportación, señalando la falta de debido proceso en varios casos.
Mientras tanto, el futuro de O.C.G. sigue incierto, ya que la administración podría argumentar que el migrante está ahora bajo la custodia del gobierno mexicano, lo que complicaría su retorno a Estados Unidos.