La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ha sido señalada por utilizar recursos públicos para financiar viajes que, según reportes, tuvieron como propósito promocionar su imagen de cara a las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025. Documentos obtenidos vía transparencia revelan que Batres realizó múltiples viajes a distintos estados del país, costeados con fondos de la Corte, mientras participaba en eventos relacionados con la reforma judicial impulsada por Morena.
Entre julio y agosto de 2024, Batres visitó ciudades como San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Mérida, Monterrey, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Tijuana, Mexicali y La Paz. En estos destinos, la ministra participó en foros y eventos, muchos de ellos organizados por simpatizantes de Morena, donde defendió la reforma judicial. Las fechas de estos viajes coinciden con publicaciones en sus redes sociales que muestran su asistencia a dichos eventos.
Los informes de la Suprema Corte detallan que Batres no viajó sola. La acompañó Eduardo Murillo Torres, un funcionario de su oficina, cuyos viáticos también fueron cubiertos por la Corte. En total, se estima que ambos gastaron cerca de 160 mil pesos en pasajes de avión y otros gastos asociados, todos pagados con recursos públicos.
En sus reportes oficiales, Batres justificó estos viajes como parte de “foros académicos e informativos”. Sin embargo, la investigación señala que varios de estos eventos estuvieron vinculados a Morena, lo que ha levantado sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos para fines electorales. La ministra ha evadido dar explicaciones claras sobre el contenido de estos eventos.
La controversia no es nueva para Batres, quien se autoproclama “ministra del pueblo”. En meses recientes, ha enfrentado críticas por presuntos actos anticipados de campaña, junto con las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Una queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral acusó a las tres de promocionarse de manera indebida, aunque el Tribunal Electoral desechó la denuncia.
Además, Batres ha sido cuestionada por su aparente contradicción al criticar los privilegios de los ministros mientras utiliza camionetas blindadas y otros beneficios de la Corte. En enero de 2025, propuso recortes en el presupuesto de la Suprema Corte, incluyendo la venta de una de las dos camionetas blindadas asignadas a cada ministro, pero no renunció a usarlas durante sus giras.
La acusación de usar recursos públicos para fines electorales pone en entredicho la imparcialidad de Batres como ministra y candidata. Mientras ella defiende su postura como una lucha por un Poder Judicial al servicio del pueblo, sus críticos señalan que sus acciones reflejan un uso cuestionable del erario para beneficiar su imagen.
Este caso se suma a una serie de polémicas que rodean a Batres, incluyendo interrupciones en sus eventos de campaña, como abucheos en Tabasco y problemas logísticos en Querétaro. A pesar de estos incidentes, la ministra continúa su gira nacional, insistiendo en su compromiso con la transformación del Poder Judicial.
La elección judicial del próximo 1 de junio será un momento clave para determinar si Batres logra mantenerse en la Suprema Corte y, posiblemente, presidirla. Sin embargo, las acusaciones de uso indebido de recursos públicos podrían influir en la percepción de los votantes.
Por ahora, el debate sobre la conducta de Batres sigue creciendo, mientras el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral enfrentan presión para investigar a fondo el uso de los recursos de la Corte en su campaña.