La Ley de Aguas Nacionales ha desatado una ola de protestas en Chihuahua, donde productores agrícolas toman vías férreas para exigir su retiro inmediato. Esta controvertida iniciativa legislativa amenaza con eliminar los derechos de concesión de agua que han sostenido al sector rural por décadas, generando un rechazo unánime entre los campesinos que ven en ella un golpe mortal a su sustento. En Delicias y otros municipios, el descontento se traduce en bloqueos que paralizan el transporte, recordando al gobierno federal la importancia del campo mexicano en la soberanía alimentaria.
Protestas intensas contra la Ley de Aguas en el norte del país
En un acto de resistencia colectiva, los productores de Chihuahua han iniciado un paro nacional que se extiende por más de 15 estados, centrando su ira en la Ley de Aguas Nacionales. Esta propuesta, que busca centralizar el control hídrico bajo el gobierno federal, eliminaría la posibilidad de transferir concesiones de agua, afectando directamente a miles de familias dedicadas a la agricultura. La Ley de Aguas, como se conoce popularmente, representa para muchos un retroceso en los avances logrados en la gestión local de recursos, y su aprobación podría desencadenar una crisis en la producción de granos básicos.
Bloqueos en Delicias: el epicentro de la indignación
En Delicias, epicentro de la producción algodonera y hortícola de Chihuahua, los manifestantes de Agrodinámica Nacional y los módulos de riego del Distrito 005 tomaron las vías del tren en el cruce con la avenida Tecnológico. Este bloqueo, iniciado el 14 de octubre de 2025, no es un acto aislado, sino parte de una estrategia coordinada que incluye tomas simbólicas de casetas de peaje en Jiménez y obstrucciones en carreteras de Nuevo Casas Grandes. Los productores, con pancartas en mano, denuncian que la Ley de Aguas despojaría a las comunidades rurales de su principal activo: el acceso garantizado al vital líquido.
Manuel Márquez Campos, coordinador regional de Agrodinámica Nacional, fue enfático en su llamado: "No descansaremos hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum retire esta ley de la agenda legislativa". Sus palabras resuenan en un contexto donde el gobierno de Morena, encabezado por Sheinbaum, enfrenta crecientes críticas por políticas que, según los afectados, priorizan intereses centralizados sobre las necesidades locales. La Ley de Aguas, en este sentido, se percibe como un instrumento para consolidar el poder federal en detrimento de la autonomía de los estados y municipios.
El T-MEC bajo fuego: importaciones que asfixian al campo mexicano
Paralelamente a la oposición a la Ley de Aguas, los manifestantes exigen una revisión profunda del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que ha abierto las puertas a importaciones masivas de granos que compiten deslealmente con la producción nacional. Este acuerdo comercial, vigente por más de tres décadas en sus versiones previas, ha sido culpado de la caída en los precios locales y la pérdida de miles de empleos rurales. En Chihuahua, donde el cultivo de maíz y frijol es tradición, el T-MEC representa una amenaza existencial que agrava los efectos de la sequía y la falta de apoyo gubernamental.
Demanda de precios de garantía y un banco rural autónomo
Entre las demandas clave, destaca la eliminación de la Bolsa de Valores de Chicago como referencia para fijar precios de granos, proponiendo en su lugar un sistema de precios de garantía que proteja a los productores de fluctuaciones internacionales. Esta medida, argumentan los agricultores, revitalizaría el sector y aseguraría la rentabilidad de las cosechas en un mercado dominado por subsidios extranjeros. Además, claman por la creación de un banco rural autónomo, desvinculado del Banco de México, que ofrezca créditos accesibles sin las usuras tasas de interés de la banca comercial.
La Ley de Aguas y el T-MEC se entrelazan en las quejas de los manifestantes, quienes ven en ambos una política federal que ignora la realidad del campo. Bajo el mando de Claudia Sheinbaum, el gobierno ha prometido reformas agrarias, pero estas acciones en las calles cuestionan su compromiso real. En regiones como el Valle de Conchos, donde las sociedades rurales de San Pedro han unido fuerzas, el mensaje es claro: sin cambios, el paro se prolongará indefinidamente.
Impacto en la producción agrícola: un riesgo inminente para Chihuahua
El rechazo a la Ley de Aguas no es solo simbólico; tiene raíces profundas en la economía chihuahuense, que depende en un 40% de la agricultura irrigada. La posible cancelación de concesiones pondría en jaque proyectos de riego que benefician a miles de hectáreas, exacerbando la vulnerabilidad ante el cambio climático. Los productores advierten que, sin agua garantizada, la siembra de próxima temporada podría reducirse drásticamente, afectando no solo a Chihuahua sino a la cadena nacional de suministro alimentario.
Voces del campo: testimonios de resistencia
Desde las sociedades rurales de Conchos, los agricultores relatan cómo la Ley de Aguas amenazaría su legado familiar, heredado generación tras generación. "No podemos permitir que el gobierno federal nos quite lo que hemos construido con sudor", declara un productor anónimo, reflejando el sentir colectivo. Estas protestas, aunque disruptivas, buscan visibilizar una crisis que el oficialismo minimiza, pero que en el terreno golpea con fuerza.
En este panorama, la intervención del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es solicitada para negociar el T-MEC, un tratado que, según expertos del sector, favorece más a corporaciones transnacionales que a los pequeños productores. La Ley de Aguas, por su parte, se critica por su enfoque centralizador, que ignora las particularidades regionales de estados como Chihuahua, donde el agua es oro líquido en medio de desiertos y valles fértiles.
Las manifestaciones continúan ganando adeptos, con bloques en vías férreas que interrumpen el flujo de mercancías, enviando un mensaje urgente al Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum, cuya administración se jacta de inclusión social, enfrenta ahora el dilema de equilibrar reformas ambiciosas con la escucha al campo, un sector olvidado en medio de prioridades urbanas.
Como se ha reportado en coberturas locales de medios regionales, estas acciones no son espontáneas, sino el resultado de meses de diálogo frustrado con secretarías de Estado. Fuentes cercanas a las organizaciones campesinas indican que, sin concesiones, el paro podría escalar a niveles nacionales, paralizando exportaciones clave.
En conversaciones informales con participantes, se menciona que el pliego petitorio ha sido entregado a instancias federales, aunque sin respuesta inmediata, lo que alimenta el escepticismo hacia el gobierno de Morena. Así, la Ley de Aguas se convierte en símbolo de un descontento mayor, donde el T-MEC y las políticas comerciales agravan la desigualdad rural.
Finalmente, mientras los bloqueos persisten, el diálogo parece la única salida viable, tal como lo han enfatizado analistas en publicaciones especializadas sobre agricultura mexicana, recordando precedentes de movimientos exitosos que forjaron cambios legislativos en el pasado.