El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ha salido a aclarar una controversia que ha generado revuelo en la capital del estado. La denuncia presentada por el Gobierno Municipal no va dirigida contra los activistas que defienden causas ambientales, sino contra los daños ocasionados al Palacio de Gobierno, un edificio considerado patrimonio histórico de la ciudad.
El conflicto inició tras un incidente en el que el vocero del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua fue señalado por el municipio. Según Bonilla, la acción legal no busca atacar la lucha por la preservación de los cerros, una causa que ha movilizado a diversos sectores de la sociedad chihuahuense. En cambio, se centra exclusivamente en los perjuicios causados a un inmueble de alto valor cultural.
El Palacio de Gobierno, un símbolo de la historia de Chihuahua, sufrió daños que el municipio considera inaceptables. Bonilla destacó que el edificio no solo representa un legado arquitectónico, sino que es un espacio que pertenece a todos los ciudadanos. La denuncia, según el edil, busca garantizar que se respete el patrimonio colectivo de la ciudad.
El colectivo Salvemos los Cerros ha sido reconocido por su labor en la defensa del medio ambiente, particularmente en la protección de las áreas naturales de Chihuahua. Sin embargo, las autoridades municipales argumentan que cualquier acción que resulte en daño al patrimonio debe ser sancionada, independientemente de las intenciones detrás de ella.
Bonilla enfatizó que el gobierno municipal está abierto al diálogo con los activistas para encontrar soluciones que equilibren la protección ambiental con el respeto al patrimonio histórico. Aseguró que su administración no tiene interés en criminalizar las causas sociales, pero sí en hacer cumplir la ley cuando se afecta el bien común.
El caso ha generado opiniones divididas en la ciudadanía. Algunos respaldan la postura del municipio, argumentando que el Palacio de Gobierno es un ícono que debe protegerse. Otros, en cambio, consideran que la denuncia podría ser una forma de desviar la atención de las demandas ambientales del colectivo.
La controversia también ha puesto en el reflector la relación entre el gobierno municipal y los movimientos sociales en Chihuahua. Mientras algunos ven en la denuncia un intento de frenar el activismo, las autoridades insisten en que su prioridad es preservar el orden y el respeto por los bienes públicos.
Este incidente plantea un dilema sobre cómo conciliar la lucha por el medio ambiente con la conservación del patrimonio cultural. En Chihuahua, donde ambos temas son de gran relevancia, el debate está lejos de concluir.
Por ahora, el municipio espera que el proceso legal siga su curso y que se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, la sociedad chihuahuense permanece atenta a las acciones que tanto el gobierno como los activistas tomen en los próximos días.