Una jueza federal en Boston bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de prohibir a la Universidad de Harvard matricular estudiantes internacionales. La medida, anunciada el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional, buscaba revocar la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, afectando a miles de estudiantes extranjeros.
La jueza Allison Burroughs dictaminó que la prohibición causaría un daño inmediato e irreparable a Harvard. En su fallo, señaló que la universidad demostró que la medida del gobierno era una represalia por negarse a cumplir con demandas políticas. La orden de restricción temporal permanecerá vigente hasta una audiencia programada para el 27 de mayo.
Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, presentó una demanda el viernes tras la decisión del gobierno. La institución argumentó que la prohibición violaba la Primera Enmienda y otras leyes federales, calificándola como una acción inconstitucional. Más de una cuarta parte de su alumnado, unos 6,800 estudiantes, son internacionales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida acusando a Harvard de fomentar un ambiente de antisemitismo y no cumplir con solicitudes de información sobre estudiantes extranjeros. Noem afirmó que la universidad debía entregar registros de actividades consideradas violentas o peligrosas en un plazo de 72 horas para recuperar su certificación.
El conflicto entre Harvard y la administración Trump lleva meses intensificándose. El gobierno ya había congelado 2,650 millones de dólares en fondos federales, acusando a la universidad de no combatir el antisemitismo y de tolerar protestas propalestinas en el campus. Harvard, por su parte, sostiene que estas exigencias buscan controlar su autonomía académica.
La decisión de Trump generó incertidumbre entre estudiantes internacionales, quienes enfrentaban la posibilidad de transferirse a otras universidades o perder su estatus migratorio. Muchos expresaron su preocupación por el impacto en sus estudios y su futuro profesional. La suspensión temporal de la medida ofrece un alivio momentáneo a esta comunidad.
En su demanda, Harvard destacó la importancia de sus estudiantes internacionales, provenientes de más de 140 países. La universidad subrayó que su diversidad es esencial para su misión académica y que la prohibición afectaría programas de investigación, laboratorios y cursos. “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, afirmó la institución.
La audiencia del 27 de mayo será crucial para determinar el futuro de esta disputa. Mientras tanto, la comunidad académica de Harvard celebra esta victoria preliminar, aunque el enfrentamiento con el gobierno de Trump está lejos de resolverse. La resolución final podría sentar un precedente para otras universidades en Estados Unidos.
El caso refleja tensiones más amplias entre la administración Trump y las instituciones educativas de élite. Críticos señalan que estas medidas son un ataque a la libertad académica, mientras que el gobierno insiste en que busca garantizar la seguridad y combatir ideologías que considera perjudiciales.
Esta batalla legal marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y las universidades, con implicaciones que podrían extenderse más allá de Harvard. La comunidad internacional observa de cerca, consciente de que el resultado influirá en la atracción de talento global a las instituciones estadounidenses.