La Organización de los Estados Americanos ha desplegado una misión de observadores para vigilar la inédita elección del Poder Judicial en México, programada para el 1 de junio. Este proceso, que permitirá a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros, marca un hito en la historia del país, pero también levanta sospechas sobre su verdadero propósito.
Encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, la misión de la OEA ya está en México, lista para reunirse con autoridades electorales, candidatos, académicos y miembros de la sociedad civil. Su objetivo es claro: garantizar que esta elección, la primera de su tipo, se realice con transparencia y equidad, aunque las dudas sobre su legitimidad persisten.
El próximo domingo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir entre más de 3,400 candidaturas. Se renovarán 881 cargos judiciales, incluyendo posiciones clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un movimiento que el gobierno de Morena presume como un avance democrático sin precedentes.
Sin embargo, esta elección no está exenta de controversia. Críticos, como el expresidente Vicente Fox, han calificado el proceso como una farsa orquestada para consolidar el control del partido gobernante. Según Fox, votar en estas elecciones equivale a legitimar un ataque al estado de derecho, una advertencia que resuena entre quienes desconfían de las intenciones del oficialismo.
La OEA, que ha observado elecciones en México desde 2009, emitirá un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones tras la jornada electoral. Posteriormente, presentará un informe final ante su Consejo Permanente, detallando si el proceso cumplió con los estándares democráticos o si, como temen algunos, fue un paso hacia el control político del Poder Judicial.
Esta es la octava misión electoral de la OEA en México, financiada por países como Canadá, Estados Unidos y Francia. La presencia de observadores internacionales busca calmar las tensiones en un contexto donde la oposición y sectores de la sociedad civil han convocado a marchas para rechazar la elección, argumentando que pone en riesgo la independencia judicial.
Organizaciones como México Unido han llamado a boicotear las urnas, denominando el 1 de junio como el “Domingo Negro”. En redes sociales, se multiplican los mensajes que acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum de intentar someter al Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia mexicana, a los intereses de Morena.
A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que esta elección es un ejemplo de democracia participativa. La presidenta Sheinbaum ha declarado que el proceso hará de México el país más democrático del mundo, aunque sus palabras no logran disipar las dudas sobre la transparencia y la imparcialidad de la elección.
Mientras México se prepara para este momento histórico, la vigilancia de la OEA será clave para determinar si el proceso fortalece la democracia o, como advierten los detractores, marca el inicio de una nueva era de control político. La jornada del 1 de junio no solo definirá el futuro del Poder Judicial, sino también el rumbo de la confianza ciudadana en las instituciones.