La Fiscalía de Jalisco ha dado un nuevo giro al caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde se descubrió un presunto centro de operaciones del crimen organizado. Dos de los diez detenidos en septiembre de 2024 enfrentan ahora cargos adicionales por desaparición cometida por particulares, tras los testimonios de tres víctimas que los señalan como responsables directos de estos actos.
El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, ha sido identificado como un lugar clave para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las investigaciones, este sitio no solo servía como campo de entrenamiento para actividades delictivas, sino también como un punto de exterminio, donde se hallaron restos óseos calcinados, prendas de vestir y objetos personales.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un hallazgo estremecedor en el rancho. Encontraron evidencia de fosas clandestinas con restos humanos y cientos de pertenencias, lo que desató indignación en la sociedad civil y puso en el centro la crisis de desapariciones en México.
El caso tomó relevancia tras una denuncia anónima que llevó a un operativo de la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024. En esa acción, se detuvo a diez personas y se rescató a dos individuos que estaban privados de su libertad. Sin embargo, la investigación inicial presentó serias irregularidades, según la Fiscalía General de la República.
Entre las fallas señaladas está la falta de una inspección exhaustiva del lugar y la omisión en la identificación de restos humanos. Durante seis meses, el rancho quedó en abandono, lo que permitió la pérdida de evidencia crucial, según el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
La imputación de nuevos cargos a los detenidos representa un avance, pero también expone las deficiencias en la investigación inicial. Las autoridades locales han sido cuestionadas por no haber actuado con la diligencia necesaria, lo que ha generado críticas sobre su manejo del caso.
El descubrimiento del Rancho Izaguirre ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han exigido justicia y una mayor colaboración entre autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos.
La sociedad jalisciense y mexicana en general sigue esperando respuestas. Este caso evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar que las investigaciones se realicen con transparencia y eficacia para dar justicia a las víctimas y sus familias.