Cerca de 55 mil hondureños en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto tras la decisión de la Corte Suprema que permitió al gobierno de Donald Trump eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350 mil venezolanos. Este programa, que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo, podría no renovarse para los hondureños, cuyo estatus vence el 5 de julio.
En Florida, donde reside una gran cantidad de hondureños, la preocupación crece entre los migrantes. Muchos, como Aarón Pineda, de 67 años y constructor en Miami, han vivido legalmente en el país desde 1999, cuando Honduras fue incluida en el TPS. La posible cancelación del programa amenaza con quitarles su permiso de trabajo y exponerlos a la deportación.
El fallo de la Corte Suprema, emitido el lunes, permitió al gobierno de Trump avanzar con la eliminación del TPS para venezolanos, una medida impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sus declaraciones, en las que calificó a los beneficiarios como “desgraciados” y “criminales”, han avivado el temor entre otras comunidades migrantes.
Hondureños como Elmes Alemán, quien llegó a Estados Unidos en 1997, lamentan la falta de oportunidades para regularizar su situación. Sin el TPS, muchos no podrían trabajar legalmente, viéndose obligados a vivir en la sombra. Alemán, dueño de un negocio de construcción, subraya la importancia de los migrantes para la economía estadounidense.
El impacto económico de la cancelación del TPS podría ser significativo. En Florida, uno de cada tres beneficiarios del programa reside, y su aporte económico es notable, especialmente en sectores como la construcción. La pérdida de permisos de trabajo podría generar pérdidas de miles de millones de dólares, según expertos.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, ha instado al gobierno de Honduras a abogar por la continuidad del TPS. Las remesas enviadas por los hondureños representan más del 25% del PIB del país centroamericano, lo que hace crucial la permanencia de este programa.
La administración de Trump ha mostrado una postura dura contra el TPS, no solo para venezolanos, sino también para migrantes de países como Haití, Afganistán y Camerún. Durante su primer mandato, intentó eliminar el estatus para varios países, pero los tribunales lo impidieron. Ahora, con el respaldo de la Corte Suprema, otras comunidades temen ser las próximas.
La incertidumbre también afecta a los beneficiarios del TPS en términos personales. Muchos han establecido sus vidas en Estados Unidos, con familias y negocios. La posibilidad de ser deportados a Honduras, un país que aún enfrenta desafíos económicos y de seguridad, genera angustia.
Organizaciones de migrantes han criticado la decisión de la Corte Suprema, calificándola como un retroceso en la protección de derechos humanos. Abogan por una solución legislativa que convierta el TPS en una protección permanente, en lugar de depender de decisiones ejecutivas.
Mientras se acerca la fecha de vencimiento del TPS para Honduras, los migrantes esperan una respuesta clara. Sin embargo, la falta de avances en la renovación del programa y la postura de la administración actual mantienen a miles en un limbo migratorio.