En un movimiento que ha sacudido a la Ciudad de México, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron posesión del Parque Bicentenario en la alcaldía Miguel Hidalgo durante la madrugada. La operación, que involucró a un centenar de elementos policiales, se llevó a cabo con el objetivo de controlar los accesos al parque y revisar sus instalaciones. Este hecho marca un nuevo capítulo en la controversia que envuelve a este espacio público.
La intervención no es un hecho aislado. El pasado 28 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la administración del Parque Bicentenario pasaría a manos de la Secretaría de Cultura, rompiendo con la gestión privada que había operado el recinto desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. La decisión se formalizó este 23 de mayo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una declaratoria de “Rescate por Causas de Utilidad e Interés Público”, que despojó a la empresa Proyectos de Entretenimiento NLP de la concesión.
El trasfondo de esta acción está marcado por la tragedia. El 5 de abril, durante el Festival Axe Ceremonia, dos fotoperiodistas, Berenice Giles y Miguel Hernández, perdieron la vida tras el colapso de una estructura metálica en el parque. Este incidente desató críticas sobre la seguridad en el lugar y la gestión de la empresa concesionaria, lo que aceleró la decisión del gobierno federal de intervenir.
La toma del parque también incluyó la recuperación del Parque Ecológico 18 de Marzo, ubicado a espaldas del Bicentenario. Personal federal se encuentra actualmente evaluando el estado de las instalaciones, mientras el gobierno promete anunciar pronto los detalles de esta acción. La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, ha señalado que el parque operará bajo un esquema mixto, priorizando el acceso público y nuevas ofertas culturales.
Sin embargo, esta maniobra no está exenta de cuestionamientos. La intervención de la Guardia Nacional en un espacio público destinado a la recreación y la cultura genera dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno federal. ¿Es este un paso hacia la recuperación de espacios públicos o una muestra más de centralización del poder? La opacidad en los detalles de la operación solo alimenta las especulaciones.
El Parque Bicentenario, un espacio de 55 hectáreas, ha sido durante años un punto de encuentro para eventos culturales, deportivos y sociales en la capital. Sin embargo, su administración privada había sido criticada por priorizar el lucro sobre el acceso universal. La Secretaría de Cultura ha denunciado que la concesión generaba ingresos millonarios a la empresa, mientras el acceso público quedaba limitado.
La tragedia de abril no solo dejó luto en el gremio periodístico, sino que expuso las fallas en la supervisión de eventos masivos. Las protestas posteriores, con veladoras y mantas exigiendo justicia, reflejaron la indignación de la ciudadanía. La falta de claridad sobre las responsabilidades en el colapso de la estructura sigue siendo un tema sin resolver, y la intervención federal parece ser una respuesta tardía.
El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que esta acción busca devolver el parque al pueblo, pero las formas levantan sospechas. La presencia de la Guardia Nacional, un cuerpo asociado a la seguridad pública, en un espacio cultural resulta desconcertante. Además, la falta de comunicación directa con los ciudadanos sobre el futuro del parque genera más incertidumbre que confianza.
La Secretaría de Cultura, en conjunto con otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, trabaja en un plan para redefinir el uso del Parque Bicentenario. Se habla de fortalecer el acceso público y garantizar medidas de seguridad, pero los detalles concretos aún no se han dado a conocer. Mientras tanto, los capitalinos esperan respuestas claras sobre el destino de este emblemático lugar.
La toma del Parque Bicentenario es un reflejo de las tensiones entre la iniciativa privada y el control estatal. Aunque el gobierno federal presenta esta acción como un rescate en favor del interés público, la manera en que se ha ejecutado invita a la reflexión. ¿Es este el inicio de una nueva era para los espacios públicos en México, o simplemente otro episodio de control político? El tiempo lo dirá.