Un enfrentamiento entre reos en el penal de Aguaruto, Culiacán, destapó una red de complicidad que permitió el ingreso de un arsenal de armas, drogas y tecnología. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó el decomiso de al menos 11 armas largas, pistolas doradas, una granada y tres artefactos explosivos improvisados, evidenciando una grave falla en el control penitenciario.
El operativo, que se desencadenó tras una balacera de más de 45 minutos, dejó al descubierto un túnel de 15 metros de largo y 5 de profundidad, utilizado presuntamente para actividades ilícitas. Las autoridades también encontraron 42 celulares, una tableta, una laptop, siete módems, un equipo Starlink y 22 radios de comunicación, lo que sugiere una operación sofisticada dentro del penal.
El gobernador Rubén Rocha Moya admitió que existe complicidad en el ingreso de estos objetos, señalando que las revisiones previas no han sido suficientes para frenar el flujo de armas y drogas. Esta declaración pone en tela de juicio la efectividad de las medidas de seguridad en el sistema penitenciario estatal.
Durante la inspección, no se reportaron heridos ni muertos, pero las visitas familiares fueron suspendidas indefinidamente mientras continúan los peritajes. La magnitud del decomiso refleja un problema estructural que va más allá de un simple enfrentamiento entre internos.
El hallazgo de pistolas doradas, un símbolo asociado a grupos delictivos, subraya la presencia de organizaciones criminales operando desde el interior del penal. La falta de control ha permitido que los reos mantengan comunicación con el exterior, lo que agrava la crisis de inseguridad en la región.
Rocha Moya aseguró que se reforzará la seguridad en el penal, pero sus palabras contrastan con los hechos: en febrero, revisiones similares solo encontraron una pistola y algunos celulares. Esto sugiere que las autoridades han sido incapaces de erradicar estas prácticas de manera efectiva.
La presencia de un equipo Starlink, tecnología avanzada para acceso a internet, plantea interrogantes sobre cómo objetos de este tipo llegan a manos de los internos. La complicidad de funcionarios penitenciarios parece ser una constante que el gobierno estatal no ha logrado combatir.
Este incidente en Aguaruto no es aislado. Otros penales en Sinaloa han enfrentado problemas similares, con decomisos de armas y drogas que evidencian la porosidad del sistema carcelario. La falta de acción contundente perpetúa un ciclo de violencia que afecta tanto a los internos como a la sociedad.
El gobierno de Sinaloa enfrenta ahora el reto de esclarecer responsabilidades y evitar que estos hechos se repitan. Sin embargo, la ausencia de resultados concretos en el pasado genera escepticismo sobre la capacidad de las autoridades para recuperar el control de los penales.
La inseguridad en los centros penitenciarios de Sinaloa es un reflejo de la crisis más amplia que vive el estado, donde la violencia y el crimen organizado parecen ganar terreno. Este nuevo escándalo pone en evidencia la urgencia de medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos.