La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enfrenta una nueva controversia tras las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente, Daniela Álvarez, quien pidió evitar el “golpeteo político” en torno a los temas ecológicos. Según Álvarez, las críticas sobre la gestión ambiental del estado buscan desestabilizar la administración estatal, pero ¿es esto una defensa genuina o un intento de desviar la atención?
El pronunciamiento surge en un contexto de creciente preocupación por la situación ambiental en Chihuahua. Organizaciones civiles y activistas han señalado que la deforestación y la contaminación de cuerpos de agua han empeorado en los últimos años. En particular, se han reportado incrementos en los índices de contaminación en el río Conchos, una de las principales fuentes hídricas de la región.
Álvarez argumentó que el gobierno estatal ha implementado medidas para combatir los problemas ambientales, como programas de reforestación y monitoreo de calidad del agua. Sin embargo, los datos oficiales muestran que los esfuerzos no han logrado frenar el deterioro en varias zonas del estado, lo que ha generado críticas de expertos y comunidades locales.
La secretaria insistió en que las acusaciones forman parte de una campaña orquestada para desprestigiar a la administración de Campos. Según ella, los señalamientos carecen de sustento técnico y responden a intereses políticos. No obstante, no presentó pruebas concretas de dichas campañas, lo que ha avivado las sospechas de algunos sectores.
Por su parte, activistas ambientales han rechazado las declaraciones de Álvarez, calificándolas como un intento de minimizar la gravedad de los problemas ecológicos. Organizaciones como Chihuahua Verde han documentado casos de tala ilegal y vertederos de residuos industriales que, según ellos, no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades.
La controversia también ha llegado al Congreso local, donde legisladores de oposición han cuestionado la efectividad de las políticas ambientales del gobierno estatal. Algunos han solicitado auditorías para evaluar el uso de los recursos destinados a la protección del medio ambiente, argumentando que los resultados son insuficientes.
En este sentido, la administración de Campos enfrenta un dilema: responder a las críticas con acciones concretas o arriesgarse a que el tema ecológico se convierta en un punto débil de su gestión. La falta de transparencia en los programas ambientales y los reportes de impacto ha generado desconfianza entre la ciudadanía.
Mientras tanto, la sociedad civil exige soluciones inmediatas. La calidad del aire en ciudades como Chihuahua y Juárez, así como la preservación de ecosistemas clave, son temas que no pueden esperar. La presión está sobre el gobierno estatal para demostrar que sus esfuerzos van más allá de las palabras.
La polémica pone en evidencia las tensiones entre la política y la gestión ambiental en Chihuahua. ¿Podrá la gobernadora Campos aclarar las dudas y frenar las críticas, o se intensificará el descontento por la situación ecológica? Por ahora, el debate está lejos de terminar.