El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, en un movimiento que pone en jaque el estado de derecho y la democracia estadounidense.
En un anuncio reciente, el Departamento del Tesoro ordenó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) iniciar el proceso para revocar la exención tributaria de Harvard, una medida que podría costarle a la universidad miles de millones de dólares en fondos federales.
Esta acción se suma a una serie de ataques del gobierno federal, que acusa a Harvard de ser un bastión del “liberalismo radical” y de promover una agenda contraria a los valores tradicionales de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional también ha amenazado con suspender la autorización de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, exigiendo información sobre ciertos titulares de visas, lo que ha generado tensiones sobre la autonomía académica.
Harvard ha respondido con firmeza, declarando que no cederá a estas presiones ni renunciará a sus derechos constitucionales, defendiendo su independencia frente a lo que considera una intromisión del gobierno en la libertad académica.
Críticos señalan que estas medidas son parte de una estrategia más amplia para controlar instituciones educativas y limitar la libertad de expresión en los campus, un precedente peligroso para la democracia en el país.
El conflicto también ha desatado un debate sobre el papel de las universidades en un contexto de creciente polarización política, donde las élites académicas son vistas por algunos sectores como adversarias del gobierno actual.
Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios han presentado demandas, acusando al gobierno de abuso de poder y de intentar socavar los derechos democráticos a través de la coerción financiera.
A medida que este enfrentamiento escala, la comunidad académica y los defensores de los derechos civiles observan con preocupación, alertando sobre las posibles consecuencias para la libertad de expresión y el estado de derecho en Estados Unidos.
El futuro de esta batalla entre Harvard y el gobierno de Trump podría sentar un precedente crítico para las instituciones educativas y la autonomía académica en el país.