Los conversatorios en el Senado sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron a su fin el 22 de mayo. Durante dos semanas, expertos, empresarios y representantes de medios discutieron una iniciativa que ha generado fuertes críticas por su potencial impacto en la libertad de expresión.
El artículo 109, que otorga a la Agencia de Transformación Digital la capacidad de bloquear plataformas digitales sin especificar motivos, fue el centro de la controversia. La propia Sheinbaum pidió revisar o eliminar este apartado tras las alertas de censura, pero las dudas persisten sobre las verdaderas intenciones de la ley.
Morena asegura que los conversatorios, moderados por el senador Javier Corral, sirvieron para escuchar a todos los sectores. Sin embargo, críticos señalan que la iniciativa sigue concentrando demasiado poder en el Ejecutivo, especialmente en la Agencia de Transformación Digital, que reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Representantes de medios comunitarios e indígenas, como Melquiades Rosas Blanco, denunciaron que la ley no considera las necesidades de estas comunidades. Exigieron incluir consultas obligatorias con pueblos originarios, conforme al Convenio 169 de la OIT, para garantizar sus derechos.
El senador Ricardo Anaya, del PAN, acusó que artículos como el 56, 57 y 58 violan el T-MEC al permitir al Estado asignarse espectro radioeléctrico sin licitación. Javier Corral admitió que el artículo 57 será modificado para evitar conflictos con el tratado comercial, pero no aclaró cómo.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión expresó su preocupación por la sobrerregulación del sector. Indicaron que el alto costo del espectro pone en riesgo la sostenibilidad de los medios, mientras el gobierno busca fortalecer su control sobre las telecomunicaciones.
A pesar de las promesas de Morena de ajustar la iniciativa, expertos advierten que la redacción actual podría limitar la libertad de expresión y favorecer la vigilancia estatal. La falta de claridad en los criterios para bloquear plataformas digitales sigue siendo un punto crítico.
Organizaciones internacionales, como la ONU, han mostrado preocupación por el impacto de la ley en los derechos digitales. La presión pública logró frenar su aprobación inicial en abril, pero el dictamen final aún está en proceso.
El oficialismo insiste en que no habrá censura y que la ley busca modernizar el sector. Sin embargo, las modificaciones prometidas no han sido detalladas, dejando incertidumbre sobre el futuro de las telecomunicaciones en México.
La discusión de la ley podría extenderse a un periodo extraordinario de sesiones, según fuentes del Senado. Mientras tanto, la sociedad civil y los medios exigen transparencia y garantías para proteger la libertad de expresión en el país.