José Luis Contreras Cruz, titular del jurídico del Issste en Chihuahua y candidato a juez federal, enfrenta serias acusaciones de acoso y abuso sexual. Un colectivo de protección a mujeres víctimas de violencia ha denunciado públicamente al abogado, señalando que su comportamiento en la institución médica es bien conocido. Las denuncias incluyen hostigamiento sexual y acoso laboral, respaldadas por evidencias presentadas por las víctimas.
El colectivo asegura que Contreras Cruz se siente intocable, protegido por figuras como el senador Juan Carlos Loera y el Comité de Ética del Issste. Esta protección, según los denunciantes, le ha permitido evadir consecuencias pese a las pruebas en su contra. Su candidatura a juez federal ha encendido las alarmas, ya que se cuestiona su idoneidad para un cargo de tal relevancia.
Por si fuera poco, las acusaciones contra Contreras Cruz no son nuevas. Durante las marchas del 8M, su nombre apareció en pintas por toda la ciudad, tildándolo de misógino y acosador. Los colectivos advierten que su acceso a información institucional ha sido usado para fines personales, lo que pone en duda su ética profesional.
Marino Torres, conocido como “Chuca”, es otro candidato a juez que también está en el ojo del huracán. Vinculado a Morena y al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, Torres ha sido señalado por su presunta intromisión en procesos judiciales. Su historial incluye intentos de influir en decisiones legales, lo que lo hace un candidato controversial para un puesto que exige imparcialidad.
La polémica en torno a Torres no termina ahí. Su cercanía con figuras de poder en Morena ha generado críticas por el manejo político del proceso de selección de jueces. Las acusaciones sugieren que su candidatura podría estar más relacionada con favores políticos que con méritos reales, algo que preocupa a la ciudadanía.
Ambos candidatos forman parte de un proceso electoral para jueces que ha sido criticado por su opacidad. La selección de figuras con cuestionamientos éticos y legales ha levantado sospechas sobre la integridad del sistema judicial en Chihuahua. Los ciudadanos se preguntan si estos perfiles realmente representan los valores de justicia que se esperan.
Las denuncias contra Contreras y Torres han avivado el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en la elección de jueces. Organizaciones civiles exigen que los antecedentes de los candidatos sean investigados a fondo antes de que ocupen cargos que afectan directamente la vida de las personas. La confianza en el sistema judicial está en juego.
La situación en Chihuahua refleja un problema más amplio en el país: la influencia política en el poder judicial. Mientras figuras como Contreras y Torres buscan ascender, las acusaciones en su contra evidencian la urgencia de reformar los procesos de selección para garantizar que solo los más capacitados y éticos lleguen a estos puestos.
La ciudadanía está atenta, y la presión crece para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Las denuncias no solo afectan la imagen de los candidatos, sino que también cuestionan la capacidad del sistema para proteger a las víctimas y garantizar justicia. Este caso promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.