En un caso que ha conmocionado a Guatemala, la Fiscalía contra el Femicidio ha solicitado una condena de 131 años de prisión para Carlos Rodas, exjefe de la Secretaría de Bienestar Social, por su presunta responsabilidad en la muerte de 41 niñas en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017. El fiscal Edgar Gómez también pidió un total de 626 años de cárcel para otros siete funcionarios involucrados en el trágico suceso.
El incendio ocurrió el 8 de marzo de 2017, en un albergue estatal en San José Pinula, Guatemala. Las niñas, todas menores de edad, estaban bajo el cuidado de la Secretaría de Bienestar Social cuando un fuego devastador se desató en una de las instalaciones. Las víctimas quedaron atrapadas, y las autoridades no lograron evacuarlas a tiempo, lo que resultó en una de las peores tragedias en la historia reciente del país.
Según la investigación, las 41 niñas fallecieron debido a las condiciones deplorables del centro y la negligencia de los responsables. Además, otras 15 menores sufrieron heridas graves que dejaron secuelas permanentes. La Fiscalía ha señalado que las autoridades del albergue no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las menores, a pesar de las advertencias previas sobre las condiciones del lugar.
Carlos Rodas enfrenta cargos por maltrato contra personas menores de edad, con una solicitud de dos años de prisión por cada una de las 56 víctimas, sumando 112 años. A esto se añaden cuatro años adicionales por otros delitos relacionados con la negligencia en el manejo del albergue. Los otros siete funcionarios enfrentan cargos similares, con penas que varían según su grado de responsabilidad.
El proceso judicial, que se lleva a cabo en el Tribunal Séptimo Penal, ha reavivado el dolor de las familias de las víctimas, quienes han exigido justicia durante años. Testigos han señalado que el día previo al incendio, incluso el expresidente Jimmy Morales estaba al tanto de las irregularidades en el Hogar Seguro, lo que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las altas autoridades.
Organizaciones de derechos humanos han calificado el caso como un reflejo de las fallas sistemáticas en el sistema de protección infantil en Guatemala. Informes previos habían alertado sobre hacinamiento, falta de personal capacitado y condiciones insalubres en el albergue, pero las autoridades no actuaron para corregirlas.
La tragedia del Hogar Seguro ha marcado un precedente en la lucha por los derechos de los menores en instituciones estatales. Las familias y activistas han señalado que este caso debe servir para reformar el sistema y garantizar que ningún niño vuelva a sufrir un destino similar bajo el cuidado del Estado.
El juicio continúa en su fase de conclusiones, y se espera que en los próximos días el tribunal emita un fallo sobre las condenas solicitadas. La sociedad guatemalteca sigue de cerca este proceso, que pone en evidencia las profundas carencias en la protección de los más vulnerables.
Este caso ha generado indignación no solo en Guatemala, sino también a nivel internacional, donde se han alzado voces para exigir justicia y reformas estructurales. Las heridas de esta tragedia siguen abiertas, y el desenlace del juicio podría ser un paso hacia la rendición de cuentas.
La memoria de las 41 niñas y las sobrevivientes sigue siendo un recordatorio de la importancia de proteger a los menores en situación de vulnerabilidad. El caso del Hogar Seguro no solo es un llamado a la justicia, sino también a un cambio profundo en el sistema de cuidado estatal.