La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha anunciado que presentará iniciativas para regular el uso de motocicletas, tanto en la capital como a nivel federal. Esta propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad y los accidentes viales, donde las motos han ganado protagonismo.
El gobierno de Brugada pretende endurecer las normas para los motociclistas, incluyendo medidas como el emplacamiento obligatorio de motos eléctricas y la exigencia de licencias específicas. La intención, según la mandataria, es poner orden en el caos vial y reducir los índices de accidentes en la Ciudad de México.
Las motocicletas, especialmente las eléctricas, han aumentado su presencia en las calles capitalinas. Datos oficiales indican que en 2024 se registraron más de 750 mil motos de combustión, mientras que las eléctricas han crecido en popularidad, especialmente en zonas urbanas. Sin embargo, este auge ha venido acompañado de un repunte en accidentes, con un 49% de las muertes viales en 2024 vinculadas a motociclistas.
Entre las propuestas de Brugada está la prohibición de circular en ciclovías, banquetas o carriles exclusivos para transporte público. Además, se busca que las motos eléctricas cumplan con las mismas regulaciones que los vehículos motorizados, incluyendo el uso obligatorio de cascos certificados y placas visibles.
A nivel federal, la jefa de gobierno planea impulsar reformas para combatir el robo de motos y autopartes. Esto incluye modificaciones al Código Penal para que estos delitos se persigan de oficio, así como medidas de extinción de dominio para locales que vendan autopartes robadas.
La estrategia también contempla una mayor coordinación con estados vecinos, como el Estado de México y Morelos, para crear un registro metropolitano de motos. Brugada asegura que esta medida busca frenar el mercado ilegal de vehículos y reducir la delincuencia asociada.
Sin embargo, las iniciativas han generado críticas. Algunos motociclistas argumentan que las nuevas regulaciones podrían complicar su movilidad y aumentar los costos de operación, especialmente para quienes usan motos como herramienta de trabajo, como repartidores.
Por otro lado, la propuesta de Brugada llega en un momento de tensión tras el asesinato de dos de sus colaboradores en un ataque directo en la Ciudad de México. Este contexto refuerza la narrativa de un gobierno que busca proyectar mano dura contra la inseguridad, aunque no está claro cómo estas medidas impactarán en la percepción ciudadana.
La implementación de estas reformas dependerá de su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México y, en el caso de las propuestas federales, del respaldo del Congreso de la Unión. Mientras tanto, la capital enfrenta el desafío de equilibrar seguridad, movilidad y las demandas de un sector creciente de motociclistas.
El futuro de estas iniciativas sigue en el aire, pero Brugada insiste en que su objetivo es construir una ciudad más segura y ordenada. Las próximas semanas serán clave para conocer el alcance real de estas medidas y su impacto en la vida diaria de los capitalinos.