La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas al extranjero ha desatado una fuerte controversia en México. Este gravamen, parte del paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, afecta directamente a millones de migrantes mexicanos que envían dinero a sus familias, un pilar fundamental para la economía de muchos hogares. La reducción del impuesto original del 5% al 3.5% ha generado reacciones encontradas en el Senado mexicano, donde algunos celebran el ajuste como un logro, mientras otros lo consideran una medida insuficiente y profundamente injusta.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado este impuesto como discriminatorio y una violación a acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia matutina, destacó que el gobierno mexicano continuará dialogando con senadores estadounidenses para eliminar por completo esta carga fiscal. México, señaló, es el único país que ha emprendido una defensa activa de sus migrantes, enviando una comitiva de senadores a Washington para cabildear contra la medida. Este esfuerzo logró la reducción del impuesto, pero Sheinbaum insiste en que la meta es su eliminación total.
El Senado mexicano, por su parte, ha mostrado una postura dividida. La senadora de Morena, Andrea Chávez, celebró la disminución del 5% al 3.5% como un avance significativo, atribuyéndolo al trabajo de la delegación enviada a Estados Unidos. Sin embargo, figuras como Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, rechazan cualquier festejo, argumentando que la existencia de este impuesto, incluso reducido, representa un duro golpe a las familias mexicanas que dependen de las remesas para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda.
Las remesas son una fuente vital de ingresos para México, representando cerca del 3% del PIB nacional. En 2024, el país recibió más de 64 mil millones de dólares, una cifra récord que subraya su importancia económica. El impuesto, aunque reducido, podría desincentivar el uso de canales formales para enviar dinero, empujando a los migrantes a recurrir a métodos informales que evaden el sistema financiero, lo que generaría riesgos tanto para México como para Estados Unidos.
La comitiva de senadores mexicanos, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente y acompañada por el embajador Esteban Moctezuma, se reunió con legisladores estadounidenses para exponer las consecuencias negativas de este gravamen. Argumentaron que las remesas no son un lujo, sino un sustento esencial para millones de familias en México y Centroamérica, donde en algunos países representan hasta el 20% del PIB. La delegación incluyó a legisladores de diversos partidos, como Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, mostrando un frente unido en defensa de los migrantes.
El proyecto de ley, bautizado por Trump como “El gran y hermoso proyecto de ley”, incluye no solo el impuesto a las remesas, sino también recortes fiscales y medidas migratorias estrictas. Su aprobación en la Cámara de Representantes se logró por un estrecho margen de 215-214, tras intensas negociaciones entre republicanos conservadores. Ahora, el debate se traslada al Senado estadounidense, donde se espera una discusión aún más intensa antes de la votación final, programada antes del Día de la Independencia.
Críticos del impuesto, como el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano en Estados Unidos, han señalado que esta medida afecta desproporcionadamente a las comunidades migrantes y debilita los lazos económicos con América Latina. En México, senadores como Lilly Téllez y Miguel Márquez han alzado la voz, calificando el gravamen como un castigo injusto al esfuerzo y la solidaridad de los migrantes, quienes ya pagan impuestos en Estados Unidos.
El gobierno de Sheinbaum ha prometido mantener la presión diplomática para revertir esta medida. La presidenta destacó que México continuará trabajando con legisladores republicanos y demócratas para explicar por qué este impuesto es perjudicial. Mientras tanto, el debate en el Senado mexicano refleja la tensión entre quienes ven la reducción como un paso adelante y quienes consideran que cualquier impuesto a las remesas es inaceptable.
La situación sigue en desarrollo, con la mirada puesta en el Senado estadounidense. El resultado de estas negociaciones no solo afectará a los migrantes y sus familias, sino también las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. Por ahora, la lucha por eliminar este impuesto continúa, mientras las voces críticas en México exigen justicia para quienes, con su trabajo, sostienen a millones de hogares.