El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus medidas de control migratorio al designar ciertas áreas de su frontera sur con México como “áreas de defensa nacional”. Esta decisión, comunicada por la Embajada de Estados Unidos en México, implica que dichas zonas son consideradas extensiones de bases militares, con graves consecuencias legales para quienes intenten cruzarlas sin autorización.
La advertencia emitida por la embajada es clara: cualquier persona que ingrese sin permiso a estas áreas enfrentará multas, arrestos, enjuiciamiento y posible encarcelamiento. La medida, fundamentada en la Sección 21 de la Ley de Seguridad Interna de 1950, otorga al Departamento de Defensa la autoridad para restringir el acceso por motivos de seguridad nacional.
Estas áreas militarizadas se ubican en regiones fronterizas de estados como Nuevo México, Arizona, Texas y California. Una de las zonas más recientes está vinculada a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, mientras que otra, establecida previamente, se encuentra en Nuevo México, cerca de Fort Huachuca, Arizona.
El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha justificado esta acción como una estrategia para frenar la migración irregular y reforzar la seguridad en la frontera. Según el general Gregory Guillot, comandante del Mando Norte, estas zonas amplían el alcance operativo para prevenir actividades ilegales en la región.
En estas áreas, el personal militar está autorizado para detener a migrantes que crucen ilegalmente hasta que sean transferidos a las autoridades civiles del Departamento de Seguridad Nacional. Esta medida permite a Estados Unidos esquivar restricciones legales que prohíben el uso de militares en tareas de aplicación de la ley civil.
La embajada ha acompañado su anuncio con un mensaje contundente: “No entres. Arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso”. En las imágenes compartidas, se observa a soldados estadounidenses colocando letreros que advierten sobre las restricciones en estas zonas, donde también está prohibido el acceso de vehículos y la toma de fotografías sin autorización.
La designación de estas áreas ha generado preocupación en México, especialmente por el impacto en los derechos de los migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la necesidad de respetar la soberanía nacional y los derechos humanos, criticando medidas que considera unilaterales por parte del gobierno de Trump.
Esta militarización de la frontera se suma a otras acciones recientes, como el despliegue de un buque de guerra en aguas internacionales y la creación de una fuerza de tarea conjunta en Arizona, lo que refleja un endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
La creación de estas zonas ha permitido a las autoridades estadounidenses procesar a migrantes por delitos federales, como ingreso ilegal y violación de propiedad militar. En Nuevo México, por ejemplo, ya se han registrado acusaciones formales contra personas que cruzaron estas áreas restringidas.
A medida que estas medidas se implementan, la tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos podría incrementarse, especialmente en un contexto donde la migración sigue siendo un tema central en la agenda política de ambos países.