Un juez federal en California ha emitido una orden que detiene los planes del gobierno de Donald Trump para revocar el estatus legal de miles de estudiantes internacionales en Estados Unidos. La decisión, tomada por el juez Jeffrey S. White en Oakland, prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestar, encarcelar o deportar a estudiantes extranjeros mientras se resuelve una demanda que desafía estas acciones.
La medida responde a una demanda presentada por alrededor de dos docenas de estudiantes, cuyos permisos para estudiar en el país fueron cancelados abruptamente en abril. Más de 4,700 estudiantes internacionales se vieron afectados por la política migratoria de Trump, que buscaba terminar con su estatus legal sin previo aviso ni explicaciones claras. Esta acción formaba parte de una ofensiva más amplia contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros.
El juez White, designado por el expresidente George W. Bush, argumentó que las acciones del gobierno han causado estragos en la vida de los estudiantes. No solo los demandantes, sino miles de estudiantes con visas F-1 en situaciones similares han enfrentado incertidumbre y temor a ser deportados. La orden judicial tiene alcance nacional, protegiendo a estudiantes en todo el país.
La decisión prohíbe explícitamente al gobierno arrestar o trasladar a los estudiantes basándose únicamente en su estatus migratorio. Sin embargo, la medida no impide detenciones por otros motivos, como la condena por delitos violentos con penas mayores a un año de prisión. Esto ofrece un alivio temporal, pero el caso aún debe resolverse en los tribunales.
El fallo destaca las irregularidades en la forma en que el gobierno implementó estas cancelaciones. Según el juez, las terminaciones abruptas dejaron a los estudiantes en un limbo migratorio, con registros que podrían complicar futuras solicitudes de visas. Algunos incluso abandonaron el país por miedo a ser deportados a terceros países, como Sudán del Sur, en medio de procesos legales caóticos.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han celebrado la decisión, pero advierten que la batalla legal está lejos de terminar. Los abogados del gobierno argumentaron que actuaron dentro de sus facultades legales, afirmando que ya habían restaurado el estatus de algunos estudiantes. Sin embargo, el juez señaló que estas medidas no resuelven el daño causado ni garantizan que no se repitan cancelaciones arbitrarias.
El caso también refleja un creciente escrutinio público sobre las políticas migratorias de Trump. Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC mostró que la mayoría de los estadounidenses se oponen a revocar visas de estudiantes por participar en protestas, como las propalestinas. La oposición es especialmente fuerte entre personas con educación universitaria.
Mientras el litigio continúa, los estudiantes internacionales ganan un respiro. La orden judicial asegura que, por ahora, no enfrentarán arrestos ni deportaciones basadas únicamente en su estatus migratorio. Este fallo representa un freno significativo a las políticas migratorias de la administración Trump, aunque no detiene por completo otras acciones contra estudiantes por motivos distintos.
La incertidumbre persiste para miles de jóvenes que buscan continuar sus estudios en Estados Unidos. La resolución final del caso podría sentar un precedente importante para la protección de los derechos de los estudiantes internacionales. Por ahora, la comunidad estudiantil respira con alivio, pero permanece atenta a los próximos pasos en esta batalla legal.