Un mes después de la desaparición de Héctor, un joven de Chihuahua, las autoridades no han mostrado avances significativos en el caso. La familia, sumida en la angustia, sigue sin respuestas claras sobre lo sucedido. Héctor fue visto por última vez el 21 de abril de 2025, y desde entonces, el silencio oficial ha sido la única constante.
La Fiscalía General del Estado ha sido señalada por su falta de acción. A pesar de las promesas iniciales de una investigación exhaustiva, los esfuerzos parecen haber quedado en el aire. Testigos han proporcionado información que podría ser clave, pero no se han reportado detenciones ni líneas claras de investigación.
La familia de Héctor ha denunciado públicamente la ineficiencia de las autoridades. Han organizado marchas y plantones para exigir justicia, pero sienten que sus voces no son escuchadas. La madre de Héctor, visiblemente afectada, ha declarado que no descansará hasta saber la verdad.
En Chihuahua, los casos de desapariciones no son algo nuevo. Las cifras oficiales muestran un aumento alarmante en los últimos años, con cientos de familias en la misma situación. La falta de coordinación entre las autoridades locales y estatales agrava el problema, dejando a las víctimas en un limbo de incertidumbre.
Organizaciones civiles han alzado la voz, acusando al gobierno estatal de no priorizar la seguridad ciudadana. Según activistas, la falta de recursos y capacitación en las fiscalías es un obstáculo recurrente. Los protocolos para casos de desaparición, aunque existen, no se aplican de manera efectiva.
La comunidad ha mostrado su solidaridad con la familia de Héctor. Vecinos y amigos han compartido información en redes sociales, buscando cualquier pista que pueda ayudar. Sin embargo, la ausencia de avances concretos ha generado un sentimiento de frustración generalizado.
Mientras tanto, las autoridades han limitado sus declaraciones a comunicados vagos. El fiscal de la Zona Centro aseguró que el caso sigue abierto, pero no ofreció detalles sobre las acciones en curso. Esta opacidad ha alimentado las críticas hacia la gestión del gobierno estatal.
La situación de Héctor no es un caso aislado. En Chihuahua, la violencia y las desapariciones han marcado a comunidades enteras. Las familias afectadas exigen no solo respuestas, sino un cambio estructural en la forma en que se abordan estos casos.
La falta de resultados en la investigación ha puesto en el centro del debate la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad. Mientras las autoridades no den pasos firmes, la esperanza de encontrar a Héctor se desvanece, y la desconfianza hacia las instituciones crece.
El caso de Héctor es un recordatorio doloroso de los retos que enfrenta Chihuahua. La ciudadanía espera que este clamor no quede en el olvido y que, algún día, se haga justicia para Héctor y tantas otras víctimas.