La industria petrolera mexicana, encabezada por Pemex, enfrenta una crisis que parece no tener fin. Décadas de decisiones políticas y económicas han dejado a la empresa estatal sumida en deudas y problemas estructurales que amenazan su supervivencia. Desde los años del neoliberalismo, Pemex ha sido utilizada como una herramienta para financiar déficits gubernamentales, mientras se le abría la puerta a intereses extranjeros que buscaban aprovecharse de los recursos nacionales.
La expropiación petrolera de 1938, un hito en la historia de México, simbolizó la lucha por la soberanía energética. Sin embargo, con el paso del tiempo, las grandes compañías extranjeras encontraron formas de eludir las leyes mexicanas. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma energética de 2013 marcó un punto crítico al facilitar la entrada de empresas foráneas, lo que muchos consideran una traición a los ideales de Lázaro Cárdenas.
Pemex no solo ha sido víctima de políticas entreguistas, sino también de la corrupción interna. Gobiernos anteriores usaron a la petrolera como aval para préstamos, incrementando su deuda a niveles insostenibles. La condonación de impuestos a grandes empresas y el desvío de recursos fueron prácticas comunes que debilitaron aún más a la empresa, dejando un panorama desolador para la economía nacional.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, se ha intentado revertir el daño. La actual administración ha buscado fortalecer a Pemex mediante la recuperación de refinerías y la construcción de nuevas instalaciones, como la refinería Dos Bocas. Sin embargo, los esfuerzos chocan con un obstáculo inesperado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los últimos años ha fallado en favor de los intereses de las empresas extranjeras, dificultando las reformas impulsadas por el gobierno.
La dependencia de México en la importación de combustibles es otro problema que agrava la situación. A pesar de ser un país productor de petróleo, la falta de capacidad para refinar el crudo en territorio nacional obliga a gastar miles de millones de dólares en importaciones. Esto no solo debilita la economía, sino que también fortalece a las grandes petroleras extranjeras, como ExxonMobil, Shell y BP, que dominan el mercado global.
La propuesta de refinar el petróleo en México busca reducir esta dependencia y generar empleos. Sin embargo, los críticos argumentan que la deuda de Pemex, que supera los 100 mil millones de dólares, es un lastre que impide cualquier recuperación significativa. Las finanzas públicas, afectadas por años de malos manejos, no ofrecen un panorama alentador para sanear a la empresa.
La oposición, encabezada por figuras como Xóchitl Gálvez, ha sugerido soluciones simplistas, como cambiar el nombre de Pemex a “Emex”, sin abordar los problemas de fondo. Estas propuestas han sido criticadas por su falta de profundidad y por ignorar el papel histórico de Pemex como pilar de la economía mexicana. La idea de que un cambio de nombre resolverá los problemas estructurales resulta, para muchos, una burla.
La lucha por salvar a Pemex no es solo económica, sino también política. La retórica del presidente López Obrador, quien ha citado a Cárdenas al calificar de traidores a quienes entregan los recursos nacionales, refleja la tensión entre el gobierno y los sectores que defienden los intereses extranjeros. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo el futuro de una de las empresas más emblemáticas del país pende de un hilo.
El desafío es enorme: recuperar la soberanía energética, sanear las finanzas de Pemex y combatir la corrupción que ha permeado la industria. Sin un plan integral que combine inversión, transparencia y una estrategia clara, la hidra petrolera seguirá devorando los recursos del país, dejando a México atrapado en un ciclo de dependencia y deuda.
La pregunta sigue en el aire: ¿podrá México recuperar el control de su petróleo? La respuesta no es sencilla, pero el destino de Pemex definirá en gran medida el rumbo económico de la nación en los próximos años.