Un juez federal en Boston ha dictaminado que la administración de Donald Trump desobedeció una orden judicial al deportar a ocho migrantes, incluido un mexicano, a Sudán del Sur, un país asolado por conflictos. La decisión, emitida el 21 de mayo de 2025, señala que los migrantes no tuvieron oportunidad de impugnar su deportación, violando sus derechos.
El juez Brian Murphy, quien preside el caso, calificó la acción como una clara infracción a su mandato, que prohíbe enviar migrantes a terceros países sin un proceso adecuado. Los ocho deportados, provenientes de países como México, Cuba, Laos, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur, fueron puestos en un vuelo desde Texas en la madrugada del martes, según documentos judiciales.
La administración Trump justificó la deportación argumentando que los migrantes tenían antecedentes penales graves, calificándolos como “criminales peligrosos”. Sin embargo, el juez señaló que no se les permitió contactar a sus abogados ni presentar argumentos contra su traslado, lo que representa una violación al debido proceso.
Entre los deportados está Jesús Muñoz-Gutiérrez, un mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional, enfrentaba una condena por asesinato en segundo grado. Sin embargo, los abogados de los migrantes denunciaron que la notificación de deportación se hizo con apenas unas horas de aviso, impidiendo cualquier defensa legal.
El caso ha generado controversia, ya que Sudán del Sur enfrenta una grave crisis humanitaria, con alertas de viaje nivel 4 emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos debido a conflictos armados y violencia. Enviar migrantes a un país con estas condiciones ha sido criticado por defensores de derechos humanos.
Abogados de inmigración alertaron al juez Murphy sobre el vuelo tras recibir información de un funcionario en Texas. El juez ordenó a la administración mantener la custodia de los migrantes para garantizar su posible retorno, en caso de que se confirme la ilegalidad de las deportaciones.
La administración Trump ha defendido su política migratoria, afirmando que busca proteger la seguridad nacional. Funcionarios como Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sostuvieron que los países de origen de los migrantes no los aceptan, lo que llevó a acuerdos con terceros países.
Este no es el primer conflicto legal de la administración Trump por sus políticas migratorias. En marzo, un juez en Texas declaró ilegal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos a El Salvador, y ahora este caso en Boston pone en jaque las deportaciones a Sudán del Sur.
El juez Murphy no descartó sancionar a la administración por desacato, aunque dejó esa decisión para más adelante. Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó al juez, acusándolo de interferir en la política exterior y la seguridad nacional.
La situación pone de relieve las tensiones entre el poder judicial y la administración Trump, que ha intensificado sus esfuerzos para deportar migrantes, incluyendo acuerdos con países como El Salvador y Panamá para recibir a los expulsados de Estados Unidos.