Un grupo de manifestantes, autoproclamados defensores del medio ambiente, dejó su marca en el Palacio de Gobierno de Chihuahua con pintas que han generado indignación. Este acto, ocurrido la noche del 20 de mayo de 2025, ha sido calificado como una agresión directa al patrimonio de todos los ciudadanos del estado.
Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, fue claro al condenar estas acciones. Según el funcionario, las pintas no solo dañan un edificio histórico, sino que representan un gasto innecesario para el erario público. La limpieza y restauración de los daños correrán a cuenta de los contribuyentes, lo que ha generado molestia entre la población.
Los responsables de las pintas aseguran que su protesta era pacífica, pero las autoridades discrepan. De la Peña señaló que estas acciones van más allá de la libre expresión y constituyen un acto de vandalismo. La intervención policial fue necesaria, resultando en la detención de uno de los involucrados.
El Palacio de Gobierno, un símbolo histórico de Chihuahua, no fue el único afectado. Otros edificios públicos también sufrieron daños por grafitis, lo que agrava el impacto de la protesta. Estos actos han reavivado el debate sobre los límites entre la manifestación y el daño al patrimonio colectivo.
El costo de reparar los daños no será menor. Las autoridades estiman que los trabajos de limpieza y restauración implicarán un desembolso significativo, recursos que podrían destinarse a otras necesidades del estado. Este hecho ha encendido las críticas hacia los manifestantes, quienes, según el gobierno, no midieron las consecuencias de sus actos.
La respuesta del gobierno estatal ha sido contundente. De la Peña instó a las autoridades a actuar con firmeza para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Además, subrayó la importancia de proteger el patrimonio cultural e histórico de Chihuahua, que pertenece a todos sus habitantes.
La ciudadanía ha mostrado su descontento en redes sociales y foros públicos. Muchos consideran que estas acciones no representan una defensa genuina del medio ambiente, sino un ataque al legado histórico del estado. La polémica sigue creciendo mientras se espera que las autoridades identifiquen a más responsables.
Este incidente pone en evidencia la tensión entre la libertad de expresión y el respeto por los bienes públicos. Mientras los manifestantes defienden su causa, la mayoría de los chihuahuenses lamenta que el costo de sus acciones recaiga sobre los hombros de todos.