La justicia mexicana ha dado un nuevo giro en el caso Ayotzinapa. Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas en 2014. La detención de esta exfuncionaria ha reavivado la indignación pública y las preguntas sobre la verdad detrás de uno de los episodios más oscuros de México.
Galeana Marín fue arrestada el 14 de mayo de 2025 en su domicilio en Chilpancingo, Guerrero. Agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden de aprehensión. Se le acusa de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. La exmagistrada, de 80 años, fue trasladada en ambulancia debido a problemas de hipertensión, lo que generó críticas sobre el manejo del caso.
El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta. En la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron interceptados en Iguala por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Desde entonces, su paradero es desconocido, y las investigaciones han estado marcadas por irregularidades y encubrimientos.
La acusación contra Galeana Marín se centra en la destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Según un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de 2022, la exmagistrada ordenó eliminar estas grabaciones, argumentando que las imágenes no eran claras por “problemas técnicos”. Estos videos podrían haber sido clave para esclarecer los hechos de aquella noche.
Los familiares de los normalistas han señalado a Galeana Marín como una pieza más en una red de encubrimiento. Durante años, han exigido la entrega de las grabaciones, considerándolas evidencia crucial. La detención de la exfuncionaria es vista como un paso adelante, pero también como un recordatorio de la lentitud y opacidad en las investigaciones.
El proceso penal contra Galeana Marín se lleva a cabo en un contexto de creciente presión social. Organizaciones de derechos humanos y los padres de los 43 han criticado la falta de avances sustanciales. A más de una década de los hechos, la verdad sobre el destino de los estudiantes sigue siendo esquiva, y la justicia parece lejana.
La detención se produce bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha prometido esclarecer el caso. Sin embargo, las familias de los normalistas han expresado escepticismo. Acusan al gobierno federal de mantener una relación tensa con ellos y de no avanzar lo suficiente en las investigaciones.
El caso de Galeana Marín no es aislado. En los últimos meses, se han detenido a otras personas vinculadas al caso Ayotzinapa, incluyendo a exmiembros de Guerreros Unidos y funcionarios locales. Sin embargo, las piezas del rompecabezas aún no encajan, y las preguntas sobre la participación de autoridades de alto nivel persisten.
La captura de la exmagistrada ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos ven en ella un avance, otros la consideran una medida tardía que no compensa años de impunidad. El caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la crisis de justicia en México, donde la verdad parece un objetivo cada vez más inalcanzable.