La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión contundente: la ministra Lenia Batres no podrá participar en la resolución de un amparo presentado por Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, para evitar el pago de un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos. La determinación se basa en los pronunciamientos públicos de Batres contra el empresario, que evidencian una clara falta de imparcialidad.
La Primera Sala de la Corte, con cuatro votos a favor y uno en contra, resolvió que las críticas de Batres hacia Salinas Pliego la descalifican para votar en el amparo directo en revisión 5654/2024. Este caso busca que Grupo Elektra evada el pago de una deuda fiscal, pero los proyectos de resolución de los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán proponen desechar los recursos de la empresa.
El voto en contra vino de la ministra Loretta Ortiz, quien no encontró fundamentos suficientes para impedir la participación de Batres. Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que las declaraciones públicas de la ministra, especialmente en redes sociales, comprometen su objetividad en un caso de esta magnitud.
Grupo Elektra también solicitó excluir a Batres, Esquivel y Pérez Dayán de otro amparo relacionado con una deuda fiscal aún mayor, que supera los 33,000 millones de pesos. Aunque la decisión sobre este impedimento fue pospuesta, la exclusión de Batres en el primer caso sugiere que podría repetirse el mismo criterio en el segundo.
La estrategia legal de Elektra ha sido señalada como una táctica dilatoria. Desde octubre de 2024, la empresa ha presentado más de 30 recursos e impedimentos para retrasar las resoluciones de la Corte. Estas maniobras han llevado al tribunal a imponer multas a la compañía por obstaculizar el proceso judicial.
El antecedente de este conflicto se remonta a marzo de 2025, cuando la Segunda Sala de la Corte también impidió a Batres resolver un amparo de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa ocasión, la ministra abandonó la sesión en protesta, acusando a sus colegas de someterse a intereses de poderes fácticos.
La salida de Batres en aquella sesión dejó a la Segunda Sala sin quórum, paralizando la resolución de más de 30 asuntos. Su reacción generó críticas, y ahora, con esta nueva exclusión, se refuerza la percepción de que sus posturas públicas la alejan de la imparcialidad que exige su cargo.
El caso de Grupo Elektra sigue siendo un punto de tensión en la Corte. Mientras los proyectos de los ministros buscan confirmar las deudas fiscales de la empresa, las tácticas legales de Salinas Pliego mantienen los casos en suspenso, afectando la capacidad del Servicio de Administración Tributaria para ejecutar los cobros.
La decisión de la Corte no solo pone en evidencia los conflictos de interés en el Poder Judicial, sino también el peso de las declaraciones públicas de los ministros en casos de alto perfil. La exclusión de Batres podría sentar un precedente para futuros impedimentos en la Suprema Corte.
Este episodio destaca la complejidad de los casos fiscales que involucran a grandes empresarios en México. La resolución final de los amparos de Elektra será crucial para determinar si la empresa deberá pagar las millonarias deudas fiscales o si logrará evadirlas mediante recursos legales.