La administración de Donald Trump ha desatado una nueva controversia al deportar a un ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, a Sudán del Sur, un país africano sumido en conflictos armados y pobreza extrema. Este acto, que incluyó a otros siete migrantes de distintas nacionalidades, ha sido señalado como una violación directa de una orden judicial emitida por un juez federal en Massachusetts.
Muñoz Gutiérrez, quien cumplía una condena de cadena perpetua en Estados Unidos por asesinato en segundo grado, fue enviado a Sudán del Sur a pesar de que México se negó a recibirlo. La Casa Blanca no ha confirmado el destino final del vuelo, pero la decisión ha generado críticas por la falta de transparencia y el incumplimiento del debido proceso migratorio.
El juez federal Brian Murphy calificó la acción como “innegablemente violatoria” de una orden previa que prohibía deportaciones a terceros países sin permitir a los migrantes defender sus casos. Según el magistrado, los detenidos no tuvieron una oportunidad significativa para impugnar su expulsión, lo que agrava la irregularidad del procedimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la deportación argumentando que los migrantes, incluidos Muñoz Gutiérrez, eran criminales convictos que representaban una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, evitó dar detalles sobre el destino exacto del vuelo, citando razones de seguridad operativa.
Esta no es la primera vez que la administración Trump recurre a terceros países para deportaciones. Desde el inicio de su segundo mandato, se han reportado envíos de migrantes a naciones como El Salvador, Costa Rica y Panamá, incluyendo a personas sin vínculos con esos países. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas prácticas como “desapariciones forzadas”.
Sudán del Sur, el destino de este vuelo, es una nación marcada por conflictos armados, inestabilidad política y alertas de viaje de nivel 4 emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que desaconsejan cualquier visita debido a riesgos de violencia y secuestros. La elección de este país como destino de deportación ha alarmado a defensores de los derechos humanos.
Los abogados de los migrantes han presentado mociones de emergencia para alertar sobre estas deportaciones, argumentando que los afectados no recibieron notificación adecuada ni tiempo suficiente para apelar. En el caso de Muñoz Gutiérrez, no se ha aclarado por qué México rechazó su retorno, lo que añade más interrogantes al caso.
La controversia se suma a la creciente tensión entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial estadounidense, que ha cuestionado varias de las políticas migratorias del presidente. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a millones de indocumentados, utilizando leyes antiguas como la de Enemigos Extranjeros.
Organizaciones internacionales han instado a revisar estas prácticas, señalando que enviar migrantes a países con los que no tienen conexión viola principios básicos del derecho internacional. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el destino final de los deportados y las condiciones que enfrentarán.
El caso de Jesús Muñoz Gutiérrez pone en evidencia los extremos a los que la administración Trump está dispuesta a llegar para cumplir su agenda migratoria, generando un debate global sobre los derechos de los migrantes y las responsabilidades de los gobiernos involucrados.