La mañana del 20 de mayo, un ataque armado sacudió la Ciudad de México con el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor. Los hechos ocurrieron en la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, cuando los funcionarios se dirigían a sus labores cotidianas. La violencia desatada en plena hora pico dejó consternada a la capital.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al menos cuatro personas participaron en este crimen. Un sicario disparó directamente contra las víctimas, mientras tres cómplices habrían apoyado en la logística y la huida. Las autoridades han identificado una motocicleta y una camioneta gris, abandonadas en la alcaldía Iztacalco, como los vehículos utilizados por los responsables.
El ataque, descrito como altamente planificado, evidencia una preocupante organización criminal. Una cámara de seguridad captó al agresor esperando cerca de 20 minutos antes de ejecutar el homicidio. Los primeros reportes indican que los responsables podrían provenir de Iztacalco, donde se les ubicó días antes revisando la zona y ofreciendo en venta la camioneta usada en el crimen.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su profundo dolor por la pérdida de sus colaboradores, quienes trabajaron con ella desde su gestión en Iztapalapa. En una breve conferencia, visiblemente afectada, aseguró que no habrá impunidad y que las autoridades locales, con apoyo del Gobierno federal, trabajan para dar con los responsables.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, condenó los hechos y prometió el respaldo total de las fuerzas federales. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, colabora con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina para esclarecer el caso. Sin embargo, la falta de funcionamiento de una cámara del C5 en la zona ha complicado el rastreo de los agresores.
Expertos en seguridad, como David Saucedo, señalan que este ataque podría ser un mensaje directo del crimen organizado hacia el gobierno de la Ciudad de México. La ausencia de escoltas y un vehículo blindado para los funcionarios ha levantado críticas sobre posibles negligencias en la protección de figuras clave de la administración.
La identificación de los vehículos involucrados, una motocicleta con placas del Estado de México y una camioneta localizada en Iztacalco, es un avance en la investigación. Sin embargo, hasta ahora no se reportan detenciones, y las autoridades continúan analizando indicios balísticos y dactilares recolectados en la escena.
El crimen ha generado reacciones internacionales. La ONU en México lamentó los asesinatos y llamó a una investigación pronta y eficaz. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por la violencia en México, señalando que los cárteles dominan partes del país.
Este doble homicidio no solo enluta a la administración capitalina, sino que pone en evidencia los retos de seguridad en la Ciudad de México. La percepción de un ataque dirigido y planificado alimenta la inquietud sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de sus funcionarios y ciudadanos.
La ciudadanía y las autoridades esperan que las investigaciones avancen rápidamente para llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, el impacto de este crimen resuena como un recordatorio de la violencia que persiste en la capital, desafiando los esfuerzos por combatir la inseguridad.