En Nuevo León, la movilidad urbana está en jaque. Miles de usuarios enfrentan largas esperas y camiones que no llegan, mientras cientos de unidades nuevas permanecen paradas. La razón: una alarmante escasez de choferes que ha paralizado el sistema de transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey.
El senador de Morena, Waldo Fernández, ha levantado la voz contra esta situación. Señaló directamente a los concesionarios del transporte, acusándolos de no cumplir con sus responsabilidades. Fernández exige sanciones severas para quienes no han garantizado suficientes operadores, dejando a los ciudadanos sin un servicio esencial.
La Secretaría de Movilidad, encabezada por Hernán Villarreal, reconoció que falta el 50% de los choferes necesarios. Esto significa que, de los operadores requeridos para mantener las rutas en funcionamiento, solo la mitad está activa. Las nuevas unidades, adquiridas con promesas de modernizar el transporte, acumulan polvo en lotes mientras los usuarios padecen.
El problema no es nuevo, pero se ha intensificado. Los trámites burocráticos para obtener licencias de chofer son un obstáculo. La Carta de No Antecedentes Penales, exigida por el Instituto de Movilidad, puede tardar hasta tres meses en procesarse. Esto desanima a los aspirantes, quienes terminan buscando otras opciones laborales.
Abraham Vargas, encargado del Instituto de Movilidad, admitió que de las 708 unidades de la flotilla, 411 están fuera de servicio por fallas mecánicas o mantenimiento. Esto representa un 58% de camiones inactivos, lo que agrava la crisis y limita aún más la cobertura en las rutas urbanas.
Usuarios en redes sociales han expresado su frustración. Largas filas bajo el sol, esperas de hasta dos horas y camiones que pasan llenos o simplemente no se detienen son quejas recurrentes. La ciudadanía siente que el transporte, uno de los más caros del país, no cumple con las expectativas.
El gobierno estatal ha intentado mitigar la situación. La Secretaría de Movilidad ofrece becas para capacitar a nuevos operadores, pero los resultados son lentos. Mientras tanto, la reestructuración del transporte prometida por el gobernador Samuel García sigue sin materializarse por completo.
Fernández insiste en que los concesionarios deben rendir cuentas. Propone que se les castigue por no cumplir con los contratos de operación. La falta de choferes no solo afecta la movilidad, sino también la economía de miles de regiomontanos que dependen del transporte público.
La crisis ha generado un impacto directo en la calidad de vida. Estudiantes, trabajadores y familias enfrentan retrasos diarios que complican sus rutinas. La promesa de un transporte moderno y eficiente parece cada vez más lejana en Nuevo León.
El desafío para las autoridades es claro: resolver la burocracia, capacitar choferes y poner en marcha las unidades. Sin soluciones inmediatas, la movilidad en la entidad seguirá en un punto crítico, mientras los ciudadanos esperan respuestas concretas.