En el México de hoy, la justicia parece estar más torcida que nunca. La reciente controversia en torno a los 26 narcocandidatos que se colaron en las listas para la elección del poder judicial ha desatado un escándalo que apunta directo a los pasillos del poder. Según trascendidos, el coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López, intentó culpar al INE por este desastre, pero la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, no se quedó callada. Con una respuesta contundente, dejó claro que no están para limpiar los errores de un Legislativo que parece más ocupado en proteger intereses que en garantizar transparencia.
La sombra de la manipulación política se cierne sobre el proceso. Adán Augusto, uno de los alfiles del expresidente López Obrador, parece mover los hilos para desestabilizar a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Fuentes cercanas señalan que su objetivo es mantener el control de Morena y pavimentar su camino hacia la presidencia en el futuro. Este juego de poder no solo pone en riesgo la credibilidad de las elecciones judiciales, sino que expone la fragilidad de un sistema donde los intereses políticos prevalecen sobre la justicia.
El desastre no termina ahí. La designación de candidatos con presuntos nexos con el crimen organizado ha encendido las alarmas sobre la falta de filtros en el proceso. El Legislativo, encargado de revisar las listas, falló estrepitosamente, dejando pasar a personajes que ahora son señalados como un peligro para la integridad del Poder Judicial. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo se permitió que estos nombres llegaran tan lejos sin que nadie levantara la voz?
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por su silencio en este tema. Su administración, que prometió transparencia y lucha contra la corrupción, parece incapaz de controlar las maniobras de sus propios aliados. La inauguración de un supuesto “campus” de la Universidad del Bienestar en Texcoco, que más bien parece un terreno baldío con aulas improvisadas, solo añade leña al fuego. La comparación con un establo no es casual: la falta de planeación y los recursos malgastados son una constante que indigna a la ciudadanía.
En otro frente, las palabras del expresidente Ernesto Zedillo resuenan con fuerza. En una entrevista reciente, advirtió que la democracia mexicana está en peligro y que el país se encamina hacia un Estado policial. La desaparición de contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es, según Zedillo, una amenaza directa a la libertad. Sus declaraciones han generado incomodidad en el gobierno de Sheinbaum, que parece más interesado en desmentir que en enfrentar la realidad.
La historia nos recuerda que los juicios amañados no son algo nuevo. Hace siglos, Poncio Pilatos enfrentó un dilema similar al juzgar a Jesús de Nazaret. Presionado por el Sanedrín y una multitud enardecida, Pilatos intentó evitar una condena injusta, pero terminó cediendo ante las presiones políticas. La influencia de su esposa, Claudia Prócula, quien simpatizaba con Jesús por los relatos de su esclava Berenice, no fue suficiente para cambiar el rumbo de un juicio manipulado por intereses externos.
Hoy, en México, la justicia parece seguir el mismo guion. Los poderes políticos y económicos se entrelazan para imponer decisiones que benefician a unos pocos, mientras la sociedad observa con impotencia. La falta de independencia judicial y la intromisión de figuras como Adán Augusto López en procesos clave solo refuerzan la percepción de que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos.
La ciudadanía, harta de promesas vacías, exige respuestas. ¿Cómo se garantizará que el Poder Judicial no caiga en manos de quienes buscan controlarlo? ¿Qué medidas tomará el gobierno de Sheinbaum para limpiar su imagen tras este escándalo? Por ahora, el panorama es sombrío, y la confianza en las instituciones pende de un hilo.
El caso de los narcocandidatos no es solo un error administrativo; es un síntoma de un problema mucho más profundo. La lucha por el poder dentro de Morena, la falta de transparencia y la incapacidad de las autoridades para frenar la infiltración del crimen organizado en la política pintan un México donde la justicia sigue siendo una moneda de cambio. La historia, al parecer, no ha enseñado nada: los juicios amañados son tan viejos como la humanidad misma.