En el Congreso de Jalisco, los legisladores han dado un paso firme para enfrentar los desvíos de recursos públicos. Una nueva iniciativa de reforma busca endurecer las sanciones contra funcionarios que cometan robos o manejen de forma opaca los fondos estatales. Esta propuesta surge tras años de señalamientos sobre irregularidades que han quedado impunes, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
La reforma plantea cambios clave en la Ley de Fiscalización Superior y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entre los objetivos está fortalecer la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASJAL), un organismo que ha sido cuestionado por su falta de transparencia y eficacia. Los deputados aseguran que estas modificaciones permitirán revisiones más rigurosas de las cuentas públicas.
Uno de los puntos centrales es castigar con mayor severidad los actos de corrupción. La iniciativa propone que los funcionarios responsables de malversación enfrenten no solo sanciones administrativas, sino también consecuencias penales más duras. Esto incluye la posibilidad de inhabilitaciones más largas y multas significativas para disuadir el mal uso de recursos.
La opacidad en la ASJAL ha sido un tema recurrente. Actualmente, los informes de auditoría no siempre son accesibles al público, lo que genera sospechas de encubrimiento. La reforma busca obligar a la Auditoría a publicar sus reportes completos en línea, garantizando que los ciudadanos puedan conocer los resultados sin trabas burocráticas.
Otro aspecto destacado es la creación de un Sistema Estatal de Fiscalización. Este organismo coordinaría a la ASJAL, la Contraloría del Estado y los órganos internos de control. La idea es que trabajen de manera conjunta para detectar y sancionar irregularidades, evitando que los casos queden en el limbo o se diluyan por falta de coordinación.
Los legisladores también proponen ampliar los plazos para revisar las cuentas públicas. Actualmente, la ASJAL tiene 12 meses para entregar sus informes, pero la reforma busca optimizar este proceso para que las revisiones sean más rápidas y efectivas. Esto podría reducir la impunidad en casos de desvíos detectados años después.
Sin embargo, no todo es consenso. Algunos deputados han expresado preocupación por la autonomía de la ASJAL, señalando que el Congreso podría influir demasiado en sus decisiones. La Comisión de Vigilancia, encargada de supervisar al organismo, ha sido criticada por entorpecer auditorías de desempeño que podrían revelar más irregularidades.
La iniciativa aún debe pasar por el pleno del Congreso para su aprobación. De lograrse, Jalisco podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción a nivel estatal. Sin embargo, el éxito dependerá de que las reformas se apliquen sin favoritismos y con un compromiso real por la transparencia.
Esta propuesta llega en un momento crítico, cuando la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas. Los escándalos del pasado, como los desvíos en legislaturas anteriores, han dejado claro que el sistema actual no es suficiente. Los jaliscienses esperan que estas reformas no queden solo en buenas intenciones.
El camino hacia una fiscalización efectiva apenas comienza. La presión ciudadana será clave para que el Congreso no solo apruebe la reforma, sino que garantice su implementación. Jalisco tiene la oportunidad de fortalecer sus instituciones, pero el reto está en pasar de las palabras a los hechos.