El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un momento sin precedentes en su historia democrática. Por primera vez, los ciudadanos podrán votar directamente para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Este proceso, impulsado por la reciente reforma judicial, busca transformar la manera en que se designan jueces, magistrados y ministros, dando voz al pueblo en un ámbito tradicionalmente reservado a las élites.
En total, se elegirán 881 cargos a nivel federal, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de tribunales y jueces de distrito. Además, 19 estados del país participarán en elecciones locales para renovar sus propios poderes judiciales. En Nuevo León, sin embargo, solo se votará por cargos federales, ya que la falta de acuerdos políticos impidió la homologación de la reforma judicial local.
El Instituto Nacional Electoral ha desplegado un esfuerzo monumental para organizar este proceso. Más de 600 millones de boletas han sido distribuidas en todo el país, y en Nuevo León se han entregado más de 27 millones para los 14 distritos electorales. A pesar de los recortes presupuestales, el INE ha logrado reducir costos, aunque esto significó disminuir el número de casillas en un 52 por ciento, pasando de 172 mil a 73 mil 850.
La jornada electoral contará con una dinámica única. Los votantes recibirán hasta seis boletas para los cargos federales, más las correspondientes a las elecciones locales en los estados participantes. Para agilizar el proceso, se implementará una urna única, donde los ciudadanos podrán depositar todos sus votos, con un máximo de dos urnas por casilla.
Las campañas electorales comenzaron el 30 de marzo y finalizarán el 28 de mayo, tras 60 días de intensa actividad. Más de 3 mil candidatos compiten por estos cargos, incluyendo 15 funcionarios del gobierno de Nuevo León, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia estatal. Este proceso ha generado un debate sobre la transparencia y la necesidad de informar a la ciudadanía sobre los perfiles de los aspirantes.
Sin embargo, la participación ciudadana podría ser un desafío. Estimaciones sugieren que solo el 12 por ciento de la población podría acudir a las urnas, según candidatos como Ulises Carlín. Las normas electorales han sido criticadas por imponer obstáculos a los contendientes, lo que podría desmotivar a los votantes.
En estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y otros, los comicios locales añadirán una capa adicional de complejidad. La armonización de la reforma judicial en estas entidades permitirá a los ciudadanos elegir a sus jueces locales, un paso hacia una mayor rendición de cuentas en el sistema de justicia.
A pocos días de la elección, el proceso sigue generando expectativas y críticas. Mientras algunos ven en esta reforma una oportunidad para democratizar la justicia, otros advierten sobre los riesgos de una baja participación y la falta de información sobre los candidatos. Lo cierto es que México está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia democrática.