José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 en Coahuila, luego de pasar más de diez años recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la controvertida trayectoria de un personaje señalado por graves delitos.
Abarca, quien fue detenido en noviembre de 2014, enfrentó acusaciones por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que conmocionó a México y desató indignación nacional. Aunque fue absuelto de cargos relacionados con este caso, su historial delictivo sigue siendo motivo de debate.
El traslado, realizado el 30 de abril de este año, fue confirmado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México. Las autoridades no han detallado las razones específicas del cambio, pero el movimiento ha generado especulaciones sobre el manejo de su caso.
Además de las acusaciones por Ayotzinapa, Abarca enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Estos delitos lo mantienen bajo estricta vigilancia, a pesar de los amparos que ha conseguido en el pasado para intentar continuar su proceso en libertad.
En abril de 2025, un juez federal de Guerrero sentenció a Abarca a 20 años de prisión por el homicidio calificado de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal de Iguala asesinado en 2013. Esta condena se suma a una previa de 92 años por el secuestro de seis activistas, incluyendo a Arturo Hernández Cardona.
El exalcalde, ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante su gestión, ha sido una figura central en señalamientos de colusión con el crimen organizado, particularmente con el grupo Guerreros Unidos. Sin embargo, tribunales han absuelto a Abarca de algunos cargos por falta de pruebas.
Su traslado a Coahuila ocurre en un contexto de cuestionamientos al sistema penitenciario y a la impartición de justicia en México. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han criticado la lentitud y las inconsistencias en los procesos contra Abarca.
El caso de Abarca sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en materia de justicia y seguridad. Su nuevo destino en el penal de Coahuila no cierra las heridas de un pasado marcado por la tragedia de Ayotzinapa y otros crímenes.
A pesar de los años transcurridos, la figura de José Luis Abarca continúa generando controversia. Su traslado reaviva el debate sobre la efectividad de las autoridades para castigar a quienes han traicionado la confianza pública.
La historia de Abarca, desde su detención hasta su reubicación, refleja las complejidades de un sistema judicial que aún lucha por ofrecer respuestas claras a las víctimas y a la sociedad mexicana.